El congresista de Perú Libre, Alfredo Pariona presentó un proyecto de ley que busca derogar la facultad presidencial para otorgar indultos. De esta manera, dicha iniciativa busca anular el inciso 21 del artículo 118 de la Constitución Política del Perú.
En el documento se detalla que durante los últimos años en Perú se vive una crisis de seguridad sin precedentes, caracterizada por el aumento sostenido de delitos violentos, el desarrollo del crimen organizado y la aparición de nuevas formas de criminalidad.
“Esta crisis delictual ha superado totalmente al actual Gobierno, que, a pesar de los múltiples llamados de la ciudadanía, ha omitido la implementación de políticas públicas adecuadas para enfrentar los altos índices de delincuencia”, se alega.
Es así que dicha iniciativa alega que el expresidente Alan García liberó a más de 3 mil presos por narcotráfico agravado durante su segundo gobierno. Siendo esto, “la mayor excarcelación de ese tipo que se conozca en el mundo y que justificó su decisión apelando a la piedad cristiana para dar a los reos una segunda oportunidad y aliviar la sobrepoblación carcelaria en Perú”.
“Los ‘narcoindulto’, como se conoce localmente a la reducción de condenas a favor de narcos, se han convertido en enormes problemas. Es de recordar que funcionarios de su segundo gobierno enfrentan juicios acusados de montar una red criminal para sacar a los presos de la cárcel a cambio de dinero”, señala el proyecto.
Como se recuerda, el exmandatario PPK indultó a Alberto Fujimori Fujimori en el 2017. Sin embargo, el indulto denominado “indulto y derecho de gracia por razones humanitarias”, no fue válido. Por lo que, Fujimori retorna al penal Barbadillo.
“En el año 2009, el expresidente Fujimori había sido condenado por violaciones de derechos humanos y sentenciado a veinticinco años de prisión por su papel en las masacres cometidas por el escuadrón de la muerte Grupo Colina durante la guerra de su gobierno contra el grupo terrorista Sendero Luminoso. El veredicto marcó la primera vez que un jefe de estado electo fue extraditado a su país de origen, juzgado y condenado por violaciones de derechos humanos siendo específicamente encontrado culpable de asesinato, daños corporales y dos casos de secuestro”, se acota.
A todo eso, la iniciativa del legislador surge como consecuencia de un problema de exceso y abuso de las atribuciones de expresidentes cuando otorgan los indultos a condenados políticos.
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