Entre los eventos más importantes del 2022, el periodismo independiente tomó un rol importante durante el gobierno del expresidente Pedro Castillo, quien siempre tuvo un comportamiento esquivo y defensivo contra la prensa. Sus discursos, en general, eran de confrontación hacia los medios que investigaban sus actos de corrupción o personas de su alrededor.
Alrededor de 16 meses duró la gestión del hoy detenido expresidente, Pedro Castillo, por su fallido Golpe de Estado. De acuerdo con el manifiesto de la Fiscal de la Nación, Patricia Benavides, en su exposición a la Comisión de Alto Nivel de la Organización de Estados Americanos (OEA), informó que Castillo acumulaba 51 carpetas fiscales, en el cual se le imputa los delitos de organización criminal, tráfico de influencias y colusión.
En tanto, el trabajo de investigación periodística no solo seguía los pasos del entonces Jefe Estado, sino también a su gran gama de ministros cuestionados, asesores y familiares que, de acuerdo a las investigaciones, se coludieron en el Gobierno para sacar provecho económico bajo licitaciones, puestos de trabajo, entre otras funciones que corresponde al poder político. Uno de los escándalos más importantes para el destape presidencial ocurrió en noviembre del 2021 cuando el programa Cuarto Poder reveló visitas clandestinas del expresidente Pedro Castillo a un inmueble del jirón Sarratea en el distrito de Breña.
Las investigaciones del entonces primer mandatario se fueron acumulando hasta diciembre de este año, cuando los avances de la Fiscalía, las revelaciones de los medios de comunicación y los aportes de los colaboradores eficaces dieron a conocer que el exfuncionario Salatiel Marrufo confesó que le había dado S/60 mil mensuales a los hermanos del expresidente por un lapso de ocho meses. Entiendo así, que el dinero provino del soborno que entregaba la empresaria Sada Goray, un monto que ascendía a más de S/9 millones.
Ante las graves acusaciones de los colaboradores eficaces, Pedro Castillo disolvió en Congreso por medio de un mensaje a la Nación el 7 de diciembre de 2022, en el que expuso que se debía “reorganizar” la Fiscalía, el Poder Judicial, entre otros organismos independientes, con el claro objetivo de anular o distorsionar las pruebas en su contra.
