La Comisión Europea planea presentar un mecanismo especial para imponer límites dinámicos de precios para las transacciones en el centro de Facilidad de Transferencia de Títulos (TTF, por sus siglas en inglés), en Países Bajos, cuyo índice principal se utiliza como referencia para todo el gas negociado en el continente, indicó Bloomberg citando el anteproyecto consultado. El organismo, además, analiza otras medidas de lucha contra la crisis energética, como la obligación a los Estados miembros de comprar el combustible de manera conjunta.
Asimismo, el documento debe ser aprobado por la Comisión Europea el martes. Posteriormente, los líderes de los Estados miembros de la UE discutirán las nuevas políticas durante la cumbre a realizarse el 20 y 21 de octubre en Bruselas.
Mientras tanto, el límite dinámico de precios se pondría en marcha mientras la UE crea un nuevo índice de referencia complementario para el gas natural licuado, que sustituya al del TTF de Países Bajos. Reuters informa que la Agencia de Cooperación de los Reguladores de la Energía (ACER, por sus siglas en inglés) se encargaría de elaborar este nuevo indicador antes del 23 de marzo de 2023.
Sin embargo, «Esto ayudará a evitar la volatilidad extrema y las subidas de precios, así como la especulación que podrían provocar las dificultades en el suministro de gas natural a algunos Estados miembros», afirma el documento.
Además, en la UE existen diferentes opiniones sobre el límite al precio del gas. Alemania, Austria y Países Bajos aducen que esta medida podría provocar la escasez del combustible y desincentivar el ahorro energético. Por el contrario, Bélgica, Grecia, Italia y Polonia pretenden establecer un corredor de precios con un valor central por debajo del precio de mercado.
Durante, el proyecto contiene otras medidas para hacer frente a la crisis energética que atraviesa Europa. Entre ellas, figura un mecanismo temporal de limitación que restringe la fluctuación de los precios en un mismo día. El objetivo es «garantizar un mecanismo de formación de precios más sólido», protegiendo a las empresas energéticas.
Por otro lado, según el documento, la Comisión Europea también analiza obligar a los Estados miembros a comprar conjuntamente el gas, como mínimo, equivalente al 15% de su capacidad de almacenamiento y autorizar a las empresas a formar un consorcio europeo. Esto se haría para obtener ventajas en las conversaciones con proveedores de gas alternativos a Rusia.
Finalmente, las medidas no deberían afectar la seguridad del suministro de gas, ni provocar un aumento del consumo, ni afectar el funcionamiento ordenado de los mercados de derivados energéticos, asegura el documento.
