Tras la firma del acuerdo de paz en Colombia, surgió un nuevo mecanismo de justicia, este lleva por nombre: «La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP)». Luego, por primera vez, se apertura un gran caso, el cual se centrará en investigar los crímenes de lesa humanidad en contra de los habitantes de los pueblos y territorios étnicos durante el conflicto armado.
El presidente de esta nueva jurisdicción, Eduardo Cifuentes, señaló que esta sería la primera vez en la que se podrán investigar estos crímenes y el impacto que tuvo el conflicto armado en los pueblos étnicos. Los supuestos victimarios de estos delitos no amnistiables serían los miembros de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), la Fuerza Pública, los agentes del Estado y los civiles armados o paramilitares.
Según la Justicia de Paz, los crímenes no amnistiables se consideran a los delitos de lesa humanidad, el reclutamiento de menores, las ejecuciones extrajudiciales y las diferentes formas de violencia sexual.
La apertura de este caso, inició con la denuncia de las víctimas, quienes alegaron que sufrieron varios modalidades de violencia y, que estas fueron acentuadas por la discriminación y el racismo. Además, también señalaron que, se puso en riesgo de exterminio físico, cultural y espiritual.
Hasta el momento, y con 976 informes entregados, se han contabilizados un total de 1.350.181 de víctimas con pertenencia étnica, que han sufrido, en su mayoría, los delitos de desplazamiento forzado, homicidio y desaparición forzada.
