Apoyo Consultoría, a través de un reciente estudio, advirtió que los empleos de cerca de 100 mil trabajadores formales estarían en riesgo, pues el Decreto Supremo 001-2022- TR que limita la tercerización laboral podría dejarlos sin sus puestos de trabajo.
El Sondeo Empresarial realizado por la firma especializada en servicios de asesoría empresarial reportó que, del total de trabajadores tercerizados, 115 mil verían que su contratación entra en conflicto con la nueva disposición del Gobierno. De ese conjunto, el 80% no sería recontratado, pues, para varias empresas, el referido decreto incrementará los costos laborales si es que fuesen incorporados a la planilla.
“La mayoría de las empresas no planea contratar a los trabajadores tercerizados que entran en conflicto con las nuevas restricciones. Esto probablemente asociado al hecho de que casi el 40% de las consultadas señaló que la norma generaría principalmente mayores costos laborales”, indicó el informe.
El estudio también arrojó que el 82% de las empresas, es decir, ocho de cada 10, cuenta con trabajadores tercerizados y dos de cada tres compañías tienen personal bajo la misma modalidad que se vería afectado por la norma, pues su contratación estaría prohibida a través de este mecanismo.
Debido a ello, Apoyo Consultoría vaticinó que un gran número de compañías tendrá que realizar modificaciones internas para poder cumplir con el decreto, aunque ello podría significar un impacto muy negativo en su capacidad productiva en muchos casos. Además, el 30% de las firmas podría tener pérdidas de eficiencia en el proceso productivo y problemas logísticos.
“En un contexto de desaceleración económica y elevados costos de insumos, algunas empresas podrían no ser capaces de adaptarse y cerrar o pasar a la informalidad. Así, este menor valor agregado de las empresas se traduciría en un menor pago de impuestos, así como una menor repartición de utilidades y remuneraciones más bajas para sus trabajadores”, advirtió la consultora.
Como medida de solución, Apoyo planteó derogar el decreto supremo, flexibilizar la regulación laboral y mejorar la fiscalización para así poder corregir los problemas de abuso de tercerización. Además, agregó la importancia de proponer medidas consensuadas en el Consejo Nacional del Trabajo (CNT) orientadas a lograr una mayor equidad entre los empleados.
Informalidad
El abogado laboralista y socio del estudio Miranda & Amado, Carlos Cadillo, explicó que la norma puede perjudicar la lucha contra la informalidad laboral que hoy afecta a ocho de cada 10 peruanos.
Cadillo aseguró que durante los siguientes meses es relevante hacer un cruce de cómo avanza la lucha contra la informalidad pues, si se estanca o incrementa, muy probablemente esta sea una de las causas (el DS 001-2022-TR). El experto afirmó que eso debe ir monitoreándose porque si se emite una norma e impacta en el mercado formal, se debe tomar alguna medida adecuada.
Cabe señalar que, según datos del 22 de agosto, existían entre 200 y 250 procesos admitidos con resolución favorable por el Indecopi y el Poder Judicial en contra del DS 001-2022-TR. El 21% eran denuncias por barreras burocráticas ante el Indecopi, el 12% acciones de amparo y el 1% demandas de acción popular.
