Tras la denuncia constitucional realizada por Perú Libre a la fiscal de la Nación, diferentes autoridades e instituciones manifestaron su malestar frente a este proceso. Además, condenaron las represalias que el partido ejerce contra el Ministerio Público.
El documento en cuestión, prentende que Patricia Benavides quede inhabilitada por ocho años.
Por ello, a través de un pronunciamiento, la Junta de Fiscales Superiores de Lima Centro manifestó su rechazo a “cualquier injerencia política, interferencias o represalias de cualquier índole en las funciones que ejercemos los fiscales en representación de la institución”
Asimismo, el grupo enfatizó que la búsqueda de la verdad es primordial para cualquier tipo de investigación fiscal.
Del mismo modo, fuentes de Perú21 indican que el decano del Colegio de Abogados de Lima, César Bazán, expresó que “hay una actitud de hostigamiento contra la investigación fiscal” y que se están dando indicios de “una coordinación indebida para obstruir a la Justicia”.
Bajo esa misma línea, el director ejecutivo de Proética, Samuel Rotta, indicó al mismo medio de comunicación que la denuncia es “un intento desesperado por frenar las investigaciones contra el presidente y su entorno”.
El exfiscal superior anticorrupción, Pedro Angulo, remarcó la existencia de una directa defensa política hacia el mandatario por parte de Perú Libre. “No hay una participación de congresistas de distintos grupos sino solo aquellos que apoyan al presidente, entonces más parece una represalia”, precisó.
