Cerca de 100 organizaciones, instituciones y colectivos defensores del medio ambiente exigieron al mandatario Castillo que corrija la postura del canciller Miguel Rodríguez Mackay, quien comentó a favor sobre el archivamiento del proyecto nombrado como el Acuerdo de Escazú o, en caso contrario, piden su renuncia.
“Solicitamos al Gobierno del presidente Pedro Castillo que disponga las correcciones necesarias en las posiciones del actual canciller, y proceda a reforzar las capacidades del Estado para atender las prioridades ambientales y climáticas, proteger a las personas defensoras de derechos ambientales”, explica el comunicado.
En esa línea, advirtieron acerca del grave retroceso para la nación que representa la posición del actual funcionario Rodríguez Mackay, “quien desconoce referentes fundamentales de la política exterior peruana, tales como la importancia de lograr la ratificación y aplicación del Acuerdo de Escazú”.
Cabe resaltar, que el titular de la cartera de Relaciones Exteriores, Miguel Rodríguez Mackay, se manifestó a favor de que el Parlamento haya archivado el proyecto del Acuerdo de Escazú y afirmó que, con su llegada al Gobierno, ha buscado luchar lo que nombró como un “desconocimiento de buena fe” sobre el tema.
En las calles
El 18 de agosto, varios organismos desarrollaron un plantón en los exteriores de la Cancillería luego de que el ministro de Relaciones Exteriores, Rodríguez Mackay brindará una posición en contra del Acuerdo de Escazú.
Bajo el grito de “renuncie” y “los muertos no se archivan”, manifestaron su malestar y calificaron de lamentable lo declarado por el canciller.
Henry Córdova, coordinador nacional del Movimiento Ciudadano frente al Cambio Climático, lamentó lo expresado por el funcionario Mackay y dijo que contradice la elección del Estado peruano, el mismo que firmó el Acuerdo de Escazú para que luego sea archivado por el Parlamento pasado.
Córdova denunció que hay una operación contra el Acuerdo de Escazú que se comenzó el año 2021 en el Congreso anterior por parte de secciones económicas “que ven con temor que haya alguna posibilidad de que en el escenario de la justicia internacional los defensores y defensoras ambientales puedan llevar su demanda cuando el Estado no la atienda”.
“Hay una política del Estado peruano de segur impactando en la reactivación económica, de seguir impactando los territorios con proyectos mineros, petroleros, de palma aceitera que generan un arrasamiento de la Amazonía”, agregó Córdova.
“Desgraciadamente, nuestro país no está teniendo la altura para defender los derechos de los pueblos indígenas”, recalcó
De los 33 países de la región, 24 países firmaron el acuerdo en el año de 2018, solo 12 lo han ratificado.
Karla Villegas Gonzales
