El informe final de la denuncia constitucional en contra del presidente Pedro Castillo, realizado por el parlamentario Wilson Soto a la presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC), Rosio Torres, sugiere que se inhabilite al mandatario de su función pública por cinco años por el presunto delito de traición a la patria.
El informe fue comunicado este lunes a la titular de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales y detalla que el jefe de Estado habría violado los artículos 32, 54, 110, 118 incisos 1, 2 y 11 de la Carta Magna del Perú.
“Se concluye y se recomienda acusar por juicio político al investigado José Pedro Castillo Terrones, en su condición de presidente de la República, por infracción de los artículos 32, 54, 110, 118, incisos 1, 2 y 11 de la Constitución Política del Perú; y, de acuerdo al artículo 100 de la carta magna, proponemos que se imponga la sanción de inhabilitación por cinco años para el ejercicio de la función pública”, se observa en el escrito.
También, señala los comentarios que realizó Castillo Terrones a CNN en español a principios del 2022. “En su condición de jefe de Estado manifestó como representante de todos los peruanos, que preguntaría a los peruanos, sobre la salida al mar de Bolivia, lo que no encarna el deseo de la Nación, sin tener en cuenta que el territorio es inalienable e inviolable (…) poniendo en riesgo la integridad y soberanía territorial del Estado, pese a estar obligado a protegerlo y hacerlo respetar”, reveló el documento.
Asimismo, llega a la conclusión que el gobernante Castillo debe ser “acusado como presunto autor del delito de traición a la patria previsto y sancionado por el artículo 325 del Código Penal; en calidad de autor y en grado de tentativa en agravio del estado Peruano”.
Finalmente, se recomienda que el informe final enviado este lunes 08 de agosto sea comunicado a la “Comisión Permanente (…) para que se proceda conforme corresponde”.
¿Qué sucederá después de enviar el informe que propone inhabilitar al presidente Castillo?
Luego de presentar dicho documento ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, el equipo de trabajo deberá examinarlo para que, de ser aceptado, pueda ser enviado a la Comisión Permanente del Congreso la cual se encargará de evaluarlo.
En caso se apruebe este informe final en la Comisión, la SAC tendrá que desarrollar las indagaciones respectivas en un plazo máximo de 15 días hábiles y con la probabilidad de que se pueda extender por única vez.
Karla Villegas Gonzales
