El Gobierno de Pedro Castillo presentó ayer ante el Congreso de la República el proyecto de ley que busca sancionar hasta con cuatro años de cárcel la filtración de información de una investigación penal. La iniciativa obtuvo hace dos semanas la aprobación por unanimidad de todo el Consejo de Ministros.
Tal como lo anunció el ministro de Justicia, Felix Chero, el predictamen sanciona a un juez, fiscal o miembro de la Policía Nacional que filtre información reservada, con una pena que oscila entre los dos y tres años de cárcel.
Sin embargo, el proyecto también incorpora en la sanción al imputado, agraviado o representante legal de cualquiera de las partes que sea responsable de la difusión de información, bajo una pena privativa de libertad de hasta dos años.
Además, se establece un agravante si cualquiera difunde directa o indirectamente la información a través de los medios de comunicación, elevando la pena a hasta cuatro años de prisión.
En conferencia de prensa de la PCM, el premier Aníbal Torres y el ministro de Justicia, Félix Chero, volvieron a defender la propuesta normativa alegando la protección al derecho de la presunción de inocencia. El ministro de Cultura, Alejandro Salas, agregó que en el país existe tanta libertad de expresión “que inclusive se sobrepasa”. “Nosotros como parte del Poder Ejecutivo somos afectados con insultos, mofas”, protestó.
PROYECTO SIN RESPALDO
En el Congreso de la República se prevé que la ‘Ley Mordaza’ no conseguiría el respaldo suficiente para su aprobación.
La congresista Cruz Zeta (FP), miembro de la Comisión de Justicia —adonde probablemente sea derivado el proyecto—, advirtió un riesgo sobre la libertad de información y ejercicio de la profesión periodística. El vocero de su bancada, Hernando Guerra García, también se manifestó en contra.
Desde Renovación Popular, Jorge Montoya consideró que el proyecto “está diseñado para blindar al mandatario de la prensa”; mientras que en APP, Roberto Chiabra apuntó que ya existe una sanción administrativa para este tipo de filtraciones. Asimismo, Susel Paredes, congresista del Partido Morado, aseveró que la libertad de prensa no puede recortarse.
El expresidente del Tribunal Constitucional Óscar Urviola y el abogado Samuel Abad calificaron de inconstitucional la normativa por afectar la libertad de información.
La Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP) manifestó que el predictamen del Ejecutivo contradice las declaraciones de ministros de distintas carteras que, de manera reiterada, manifestaron que la iniciativa no contravenía la libertad de expresión. “El gremio rechaza los supuestos de la exposición de motivos del proyecto, que pretende amordazar a la prensa respecto a denuncias de hechos de corrupción”, se indica en un comunicado.
