La Comisión de Fiscalización del Congreso aprobó, por mayoría, el informe final sobre las presuntas reuniones clandestinas del jefe de Estado, Pedro Castillo, con los ministros, funcionarios, congresistas y empresarios en Sarratea, Breña. En dicho documento se concluye que Castillo encabeza una organización criminal y a su vez, señala que sus actos de corrupción lo planificaba en Sarratea.
En esta línea, recomiendan formular una acusación constitucional contra el presidente de la República por la presunta comisión de los delitos de aprovechamiento indebido del cargo y tráfico de influencias. Asimismo, el informe recomienda formular una acusación constitucional contra el exministro de Transportes Juan Silva y al del Interior Juan Carrasco Millones por los mismos delitos de organización criminal, negociación incompatible, tráfico de influencias y colusión.
De igual manera, para el caso Puente Tarata, la Comisión de Fiscalización confirmó que Castillo Terrones recibió beneficios económicos de las empresas, por lo que también recomiendan una denuncias constitucional contra el mandatario por contravenir los artículos 93, 97 y 118 de la Constitución. Por último, la Comisión de Fiscalización propone una acusación constitucional contra Castillo por los ascensos ilegales en las Fuerzas Armadas. En esta línea, el exministro de Defensa, Walter Ayala Gonzales, se le acusa por delito de tráfico de influencias y negociación incompatible.
Todos los casos, que contaron con el respaldo de Perú Libre, serán debatidos ante el Pleno del Congreso la próxima semana.
