Por José Antonio Torres Iriarte
La democracia necesita de un sistema y de organismos electorales autónomos que garanticen el respeto irrestricto a la voluntad popular. En las Elecciones Generales del 2021 se puso de
manifiesto en el Perú el sesgo con el que actúo el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones y la
falta de disposición de la ONPE para garantizar un proceso electoral transparente; más aún
cuando los resultados en la segunda vuelta electoral se expresaron en apenas una diferencia de
algo más de 44 mil votos, sobre un universo de más de 25 millones de electores y más de 20
millones de sufragios emitidos.
No se puede dar estabilidad política a un país, si existen dudas fundadas sobre los resultados
electorales. El presidente del Jurado Nacional de Elecciones tuvo la facultad de emitir un voto
dirimente (doble) ante la ausencia (no fue elegido) del representante del Colegio de Abogados
de Lima y más aún cuando no se conocían los resultados de las Elecciones Generales, el
magistrado Rodríguez Monteza renunció, señalando la parcialidad y falta de transparencia, con
la que venía actuando el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones.
El jefe de la ONPE, Piero Corvetto se negó a entregar los padrones electorales para que se
realizará el cotejo entre actas y padrones electorales. Fue evidente que el «fraude en mesa» de
esa manera se consumó, al no poderse cotejar fehacientemente cuantos ciudadanos firmaron
(luego de haber sufragado) el padrón electoral de la mesa en la que votaron, con los resultados
electorales consignados en el acta electoral que fue validada y computada por la ONPE.
En mi concepto sólo fue necesario que alrededor de 400 actas (sobre un universo de más de 80
mil actas) fueran alteradas en todo el país para consumar un fraude electoral a favor de Pedro
Castillo. Fue claro que en el interior del país, centenares de actas electorales consignaron para
una de las candidatas CERO votos y para el candidato de Perú Libre el 100 % de los votos válidos; lo que estadísticamente es muy poco probable, más aún cuando en la primera vuelta electoralla candidata afectada tuvo votos propios. La burda manera como se consumó el fraude, pudo comprobarse cotejándose de manera muestral las actas electorales con los padrones.
Luego de la primera vuelta electoral consideré que era necesario realizar una Auditoria Electoral
por parte de la Organización de Estados Americanos, que hiciera posible auditar el software y
los más de cien centros de cómputo de la ONPE a nivel nacional. Realizada la segunda vuelta
electoral, con mayor razón era un imperativo que se llevara a cabo una Auditoria por parte de
la O.E.A. que incluyera necesariamente de manera muestral (un 10 %) el cotejo de las actas con los padrones electorales; más aún era necesario revisar las Mesas de Sufragio que habían sido impugnadas por los personeros de Fuerza Popular.
El gobierno de Francisco Sagasti no solicitó la Auditoria Internacional, el cuestionado Salas
Arenas se opuso y por cierto que el jefe de la ONPE nunca estuvo dispuesto a facilitar una
auditoria. En la etapa final del proceso en una Audiencia del J.N.E. el magistrado Salas Arenas
señaló que por falta de tiempo era imposible cotejar las actas con los padrones.
Con las declaraciones del colaborador eficaz Zamir Villaverde, que explícitamente ha señalado
la conexión entre Perú Libre y el Jurado Nacional de Elecciones, es inaceptable pretender
considerar que el caso del supuesto «fraude electoral» está cerrado. Más allá del archivamiento
del Informe en mayoría elaborado por la Comisión presidida por el congresista Montoya, el
Ministerio Público debe continuar con las investigaciones. Por otro lado, la reciente reunión de
los señores Salas Arenas y Piero Corvetto no puede ser interpretada como una visita protocolar
o de cortesía, por el contrario en mi concepto pone de manifiesto que el Departamento de
Estado de los EE. UU. recomendó la realización de la reunión, para expresar su tácito
reconocimiento político a la gestión de los organismos electorales en el Perú. Seamos claros, no
es casualidad que luego de la presencia del presidente Castillo en la «Cumbre de las Américas»
se haya realizado una inusitada reunión entre los cuestionados funcionarios de organismos
electorales y la embajadora de los EE. UU. en nuestro país.
No nos confundamos, la estrechez de los resultados electorales (apenas unas décimas de
diferencia) en la segunda vuelta electoral en el Perú, exigía la realización de una auditoría
internacional. Si comparamos el caso peruano con las elecciones celebradas en Colombia
recientemente, los resultados han arrojado una diferencia de más del 3 % y más de 700 mil votos a favor del candidato Gustavo Petro; por el contrario en el Perú la diferencia fue de un poco más de 40 mil votos con una brecha porcentual casi infinitesimal. Más aún estoy seguro que ninguna «mesa de sufragio» en las elecciones de Colombia ha tenido como resultado que uno de los candidatos (Petro o Hernández) no haya tenido un solo voto (como si ocurrió en el Perú). Sin organismos electorales autónomos y autoridades electorales incuestionables, es imposible preservar la democracia.
