El ministro de Cultura, Alejandro Salas señaló como “una estrategia política” la denuncia constitucional aprobada este martes 14 contra la vicepresidenta de la República Dina Boluarte en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso que podría terminar en su destitución e inhabilitación por 10 años al haber excluido que era representante legal del Club Departamental Apurímac.
“Lo que se pretende al tratar de inhabilitarla es que el país se quede sin vicepresidenta (…) Obedece a una estrategia política, eso está absolutamente claro. No podemos decir o evidenciar otra situación así porque lo que se pretende es debilitar al Poder Ejecutivo desde uno u otro ángulo”, manifestó en una entrevista con Canal N.
En esa línea, el titular del Mincul aseguró que en el Parlamento no importan los argumentos jurídicos o constitucionales que se presenten, sino los votos suficientes para vacarla del cargo de ministra de Desarrollo e Inclusión Social.
“Ahora se ha encontrado un motivo que, para mí, es absolutamente infundado desde el punto de vista jurídico y constitucional. Sin embargo, lo que prima en el Congreso de la República no son los argumentos jurídicos y constitucionales, sino los votos”, recalcó.
“El tema de la señora Boluarte seguramente es una candidez, seguramente pudo haberse evitado para no generar estas interpretaciones que le están haciendo daño constitucionalmente hablando. Inhabilitar a una persona para poder ejercer un cargo público es un tema muy delicado. Estás dejando sin trabajo a una persona, sean cinco o 10 años”, agregó Salas.
Como se recuerda, ayer la Subcomisión de Acusaciones del Congreso declaró procedente el informe de calificación contra la vicepresidenta Dina Boluarte por haber infringido el artículo 126 de la Constitución Política del Perú al omitir ante la Contraloría General de la República que era presidenta del Club Departamental Apurímac cuando ya ejercía como ministra de Estado y ocupaba la vicepresidencia.
“Los ministros de Estado no pueden ejercer otra función pública, excepto la legislativa. No pueden ser gestores de intereses propios o de terceros ni ejercer actividad lucrativa, ni intervenir en la dirección o gestión de empresas ni asociaciones privadas”, precisa el artículo 126 de la Carta Magna.
