Señor presidente,
Saludamos a la presidenta de la Corte Internacional de Justicia, la jueza Joan Donoghue, a la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, y al profesor Dapo Akande.
Permítanme aprovechar esta oportunidad y agradecer a la delegación de los Estados Unidos por la presidencia profesional e imparcial del Consejo de Seguridad en el mes de mayo. Esperamos que la delegación de Albania se guíe por el mismo enfoque profesional cuando cumpla con sus deberes de presidente del Consejo en junio.
Durante varios meses, hemos sido testigos de un grado trascendente de hipocresía en las declaraciones de los Estados occidentales. En el contexto de la operación militar especial rusa, de repente recordaron que existe el derecho internacional.
Cuando la OTAN atacaba a Yugoslavia, Irak, Afganistán, Libia, Siria, el derecho internacional se percibía solo como un obstáculo. En sus inútiles intentos de justificar la agresión contra Estados soberanos, el Occidente colectivo tuvo que idear conceptos exóticos, como “intervención humanitaria”, “guerra contra el terrorismo”, “ataques preventivos”. Por supuesto, ninguno de ellos tenía algo que ver con el derecho internacional. Es por eso que las aventuras militares de EE. UU. y la OTAN no fueron más que “guerras agresivas y no provocadas de su elección”. Ignoraron sistema y cínicamente el derecho internacional, incluida la Carta de la ONU. Al más alto nivel político, los Estados Unidos afirmaron ser “excepcional”, lo que significa que estaban por encima del derecho internacional. Y luego, con la tenacidad de un maníaco, el Occidente colectivo comenzó a promover la idea de reemplazar el derecho internacional con una especie de “orden basado en reglas”. Este nuevo “conjunto de normas” significaría que un pequeño grupo de Estados redactó sus propias reglas y pretendió que eran universales.
Esta es la lógica que vemos detrás de la actividad actual que los Estados occidentales iniciaron en torno a los órganos de justicia penal internacional, diciendo que quieren castigar a nuestro país.
Tengan en cuenta que cuando existe un riesgo de que los soldados de la OTAN sean acusados de crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, vemos un tipo de actividad completamente diferente. Los Estados occidentales hacen todo lo posible para proteger a sus militares. Ejercen influencia tanto financiera como administrativa y amenazas directas contra los mecanismos internacionales de justicia penal. Bastante indicativo, Washington impuso sanciones personales contra el ex Fiscal de la Corte Penal Internacional. Como es bien sabido, el nuevo Fiscal “eliminó la prioridad” de todos los casos de la Corte relacionados con los crímenes de militares británicos y estadounidenses en Irak y Afganistán. En otras palabras, se detuvo toda actividad investigativa sobre esos casos. Resulta que una vez que se trata de la responsabilidad de los militares occidentales, ya no hay necesidad de contrarrestar la impunidad.
En sus intentos de justificarse, Occidente suele decir que sus sistemas legales son perfectamente capaces de hacer que los perpetradores rindan cuentas y que ya no necesitan la Corte Penal Internacional. Al mismo tiempo, resulta que no hay informes sobre ningún veredicto respecto a los militares de EE.UU., el Reino Unido y otros Estados occidentales por crímenes de guerra en Irak, Afganistán y Siria.
Por cierto, la mayoría de esos crímenes, así como las atroces torturas en Guantánamo y las prisiones secretas de la CIA en Europa, habrían permanecido desconocidos para nosotros, si no hubiera sido por los materiales publicados por Julián Assange. Esos Estados que con tanta elocuencia abogan hoy por combatir la impunidad, ¿qué hicieron una vez que esta información se hizo pública? ¿Se apresuraron a investigar y hacer rendir cuentas a los perpetradores de entre sus nacionales? ¡De ninguna manera! Le montaron cacería contra el propio Julián Assange. Gran Bretaña está a punto de extraditar a este valiente periodista a los Estados Unidos, donde será acusado de espionaje. El sistema de policía estatal de los EE. UU. no deja ninguna duda de que pasará el resto de su vida en prisión en caso de que tenga la suerte de vivir hasta el juicio. Esto es todo lo que uno necesita saber sobre los enfoques del Occidente colectivo para luchar contra la impunidad cuando se trata de ellos mismos.
Entonces, ¿cuál es el balance de las atrocidades de la OTAN? El escenario es siempre el mismo: muchas bajas y ningún responsable (incluso en términos disciplinarios, por no hablar de la responsabilidad penal). Tomamos nota de las excusas incoherentes presentadas por el representante del Pentágono, John Kirby, el 17 de mayo. Llamó al ataque aéreo estadounidense que mató a muchos civiles cerca de la ciudad siria de Bagouz un “trágico error”. Al mismo tiempo, dejó en claro que nadie de las tropas estadounidenses era ni sería responsable. Y este no fue el primer caso de este tipo en Siria. Quizá tampoco fuera el último. Estados Unidos y sus socios por la “alianza exclusivamente defensiva” de la OTAN continúan la ocupación ilegal de parte del territorio soberano sirio como resultado de su agresión armada contra ese país.
He aquí otro caso de hipocresía mostrado por Occidente y los defensores de la justicia penal internacional. Se trata de las noticias que han llegado desde Holanda. Como se anunció recientemente, se enviaría un grupo de investigadores y expertos forenses de los Países Bajos a Ucrania. Casi al mismo tiempo, se informó que la policía nacional holandesa dejaría de investigar los casos de soldados holandeses que habían atacado edificios residenciales en la aldea afgana de Uruzgan en 2007, donde no había instalaciones militares. El mismo escenario se muestra nuevamente: hay civiles que han muerto, pero no hay perpetradores responsables de los crímenes de guerra. Por supuesto, ¿por qué ir a la Corte Penal Internacional si los órganos judiciales nacionales de los Estados occidentales pueden hacer todo por sí mismos: retardar los casos contra sus fuerzas armadas e imitar la lucha contra la impunidad?
Occidente necesita la Corte Penal Internacional solo como una herramienta política. Ni siquiera se pretende que no sea así. Baste mencionar la asignación de recursos humanos, organizacionales y financieros a la Corte por parte de los mismos Estados que poco antes habían hecho todo lo posible para sacar a sus militares de la justicia de la Corte. Ni siquiera se trata de un doble rasero, sino de un cinismo sin límites. Así es como la justicia se convierte en una farsa: los tribunales pagados emiten veredictos pagados.
Ni a la Corte Penal Internacional ni a Occidente les preocupan los numerosos crímenes del régimen de Kiev que llegó al poder después de un golpe de Estado en 2014. El caso de los “francotiradores no identificados”, que dispararon a sangre fría tanto contra los manifestantes como contra las fuerzas del orden en el la plaza Maidan, fue completamente olvidado. Hemos visto escenarios similares en muchas otras revoluciones de color.
Nuestros colegas apenas mencionarán a los civiles de Donbas hoy, a quienes el ejército ucraniano ha matado durante los 8 años de bombardeos que continúan mientras hablamos. Nadie pedirá que se responsabilice a Kiev por los actos de los nacionalistas que quemaron vivas a personas en Odessa. Llegó a un punto en el que los criminales de los batallones Azov que defienden la odiosa ideología nazi son elogiados como héroes no solo en Ucrania, sino en todo Occidente colectivo. Las esvásticas y otros símbolos nazis que aparecen no solo en los uniformes, sino también en los cuerpos de esas personas no parecen molestar a los autoproclamados defensores de los valores democráticos que siguen diciendo que no hay nazismo en Ucrania, que todo es propaganda rusa.
Señor presidente,
Algunos miembros del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas se refirieron hoy a la disposición de la Corte Internacional de Justicia del 16 de marzo de 2022 que dicta medidas provisionales en el caso presentado por Ucrania en virtud de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio de 1948. Las declaraciones de las delegaciones estadounidense y británica se convirtieron en otra manifestación de la política de doble rasero.
Todos recordamos demasiado bien cómo Estados Unidos, una vez que perdió en un caso de la Corte Internacional de Justicia presentado por Nicaragua, no solo se negó categóricamente a implementar el veredicto – recalco que fue una decisión final más que una orden de medidas provisionales – sino también vetó una resolución correspondiente dos veces en el Consejo de Seguridad.
Gran Bretaña también demostró claramente su postura hacia la Corte Internacional de Justicia, al negarse a completar el proceso de descolonización y devolver el archipiélago de Chagos a la República de Mauricio. En su opinión consultiva del 25 de febrero de 2019, la Corte Internacional de Justicia declaró sin ambigüedades la obligación del Reino Unido de “poner fin a su administración del archipiélago de Chagos lo antes posible”. La Asamblea General apoyó esta posición de la Corte en su resolución 73/295. Cuando se sometió a votación, solo recibió 4 votos en contra además de los votos del propio Reino Unido y los Estados Unidos. Esto no avergonzó a Londres en lo más mínimo, porque hasta el día de hoy, el Reino Unido continúa su ocupación colonial del archipiélago, donde se encuentra desplegada una base militar estadounidense. Al despejar el terreno para esta base militar, tuvieron que desplazar a la fuerza a la población local. En el curso de la consideración de la resolución 73/295 en la Asamblea General, Gran Bretaña fue llamada a pagar una compensación justa a todos aquellos que habían sufrido los crímenes de lesa humanidad. Pero las llamadas fueron categóricamente rechazadas.
Esto nos lleva a una conclusión muy simple. Los Estados occidentales están listos para derramar palabras altisonantes sobre la implementación de los fallos de la Corte Internacional de Justicia, contrarrestar la impunidad y pagar indemnizaciones a las víctimas de la violencia siempre que no se trate de ellos mismos.
Permítanme decir algunas palabras sobre la orden de medidas provisionales de la Corte Internacional de Justicia del 16 de marzo de 2022. Fue aprobado a base de una demanda presentada por Ucrania que solicitaba no ser sometido al uso de la fuerza por las afirmaciones falsas de violación de la Convención sobre Genocidio. No podemos dejar de notar cierta similitud con el caso de 1999, cuando Yugoslavia también se refirió a la Convención sobre el Genocidio para obtener medidas provisionales. La Corte Internacional de Justicia rechazó la demanda de Yugoslavia, porque la OTAN se opuso a ella.
Sin embargo, la posición sobre las medidas provisionales para Ucrania es totalmente contraria. Al mismo tiempo, detrás de los argumentos legales en detalle, se ve una idea muy simple: la Corte toma decisiones inconsistentes debido a la enorme presión política. En Occidente lo saben. En esta misma táctica, el 20 de mayo, 41 Estados europeos y la Unión Europea, con el apoyo de las Islas Marshall y Micronesia, presentaron una declaración conjunta ante la Corte Internacional de Justicia. Fue un intento sin precedentes de influir en la posición de la Corte a favor de Ucrania.
En cualquier caso, la orden de “suspender las operaciones militares” fue hecha por la la Corte únicamente en el contexto de un reclamo bajo la Convención sobre Genocidio. No se aplica ni puede aplicarse a los objetivos, tareas y causas de la operación militar especial rusa en Ucrania.
En este sentido, permítanme recordar que nuestra operación militar especial se inició en virtud del Artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas. El 24 de febrero presentamos la notificación correspondiente al Consejo de Seguridad en el orden establecido en el artículo mencionado. Que yo sepa, la Corte Internacional de Justicia nunca habría abordado la cuestión de cancelar disposición alguna de la Carta de la ONU, incluido su Artículo 51, o privar a un Estado miembro del derecho a ejercer sus derechos inalienables a la defensa colectiva o individual.
Señor presidente,
Casi a diario escuchamos nuevos llamados para instituir más mecanismos de investigación o cuasi tribunales. Lo más interesante aquí es cómo exactamente se propone instalar esos tribunales contra Rusia. Los autores de estas iniciativas proponen hacerlo sobre la base de un acuerdo entre los Estados interesados. Solo piénselo: un grupo de Estados analiza con toda seriedad la oportunidad de lograr que un tercer país sea condenado mediante esfuerzos conjuntos. Por supuesto, los mecanismos de justicia internacional no son perfectos, pero cuando se establecieron, al menos se mantuvo una apariencia de imparcialidad y representación geográfica equilibrada. Ahora las máscaras se han quitado para siempre: Occidente colectivo cree que tiene potestad de administrar justicia unilateralmente.
Señor presidente,
Occidente comete otro crimen de guerra cuando suministra armas a Ucrania, supuestamente para aumentar sus capacidades de hacer frente a Rusia. Pero Ucrania usa estas armas para seguir bombardeando los barrios residenciales de Donbas, de la forma en que lo han estado haciendo durante esos 8 años, matando a mujeres, ancianos y niños. Por ejemplo, Estados Unidos entregó obuses M777 de largo alcance a Ucrania. En la víspera del Día Internacional para la Protección de los Niños, los proyectiles lanzados desde una de estas máquinas mataron a 5 personas en Makeevka, cerca de Donetsk, entre ellas se encontraba una niña de cinco años llamada Mira. Estados Unidos también anunció planes para entregar lanzacohetes múltiples a Ucrania. Esto solo puede conducir a una mayor escalada del conflicto, el mismo conflicto que Washington hipócritamente afirma que está tan ansioso por poner fin. La Corte Penal Internacional también debería ser consciente de eso, por supuesto, si esta institución se interesa por los temas de justicia.
El “historial” de los crímenes cometidos por los más fervientes defensores de la justicia internacional es muy extenso. Hoy hemos abordado solo una pequeña parte de ellos. Para abarcarlo en su totalidad, hubiéramos necesitado un formato de debate mucho más largo. Recomendaría a Occidente solo lo siguiente. Si quieren condenar la agresión, empiecen por ustedes mismos. Muestren al mundo un ejemplo condenando sus propias aventuras militares, las restricciones económicas ilegales, las guerras coloniales y neocoloniales, el genocidio y el robo de los pueblos indígenas. Comiencen a pagar compensaciones a los Estados y naciones que sufrieron por su culpa. De hecho, tal paso nos habría acercado a un orden mundial más justo, en el cual no hubiera lugar para el «excepcionalismo» autoproclamado de nadie.
Gracias.
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