El Congreso admitió la denuncia constitucional presentada contra el expresidente Martín Vizcarra, por haber tenido vínculos con empresas privadas a lo largo de su gestión como ministro de Transportes y Comunicaciones, aprobando la inhabilitación por cinco años a la función pública.
Esta sería la segunda vez que el exmandatario queda inhabilitado de la función pública, ya que anteriormente fue inhabilitado para ejercer cualquier cargo público por 10 años, gracias al caso de la irregularidad de la vacunación con dosis de Sinopharm.
En el presente caso, la representación nacional aprobó el informe presentado por la ponente del caso, la congresista Elizabeth Taipe, con 67 votos a favor, 5 en contra y 15 abstenciones.
El expresidente Vizcarra, asistió al Palacio Legislativo, acompañado de su abogado Jonathan Correa Arias, para ejercer su derecho a la defensa, donde reafirmó su inocencia y precisó que la denuncia avanzó al hacer pública su decisión de postular como congresista a inicios del año pasado.
El documento de acusación, precisa que el exmandatario Martín Vizcarra cometió infracción constitucional al artículo 126, que refiere a la prohibición de intervenir en la dirección o gestión de empresas y asociaciones privadas, ya que el expresidente no renunció a sus funciones en la empresa CyM Vizcarra S.A.C, cuando ya cumplía el rol de ministro de Transporte y Comunicaciones.
Asimismo, dicho documento detalla que el exmandatario se habría beneficiado los intereses económicos de la empresa Obrainsa con la adjudicación de obras públicas, mientras se encontraba en el cargo mencionado.
El expresidente ya había quedado inhabilitado por 10 años para ejercer cualquier cargo público, con el caso de la vacunación irregular con dosis de Sinopharm, caso que se conoce como el “Vacunagate”. Acción que le impidió recibir su credencial de congresista electo por Somos Perú.
A.E.C.V.
