Fueron 69 los congresistas que avalaron tres proyectos de ley que benefician a las universidades no licenciadas, desbaratando de esta forma la reforma universitaria. Esta primera votación deberá ser ratificada dentro de siete días calendarios, pero todo hace pensar que el resultado será el mismo.
Mientras el país centraba su atención en la renovación del gabinete ministerial y el crucial encuentro entre Perú y Ecuador. El Pleno del Congreso aprobó los Proyectos de Ley N° 697, 862 y 908, los cuales vulneran la autonomía de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu). Con esto se retornaría a un modelo de regulación similar al anterior, donde las autoridades universitarias se autogobernaban a través de la Asamblea Nacional de Rectores y no aseguraban estándares mínimos de calidad como los que tenemos hoy. Waldemar Cerrón Rojas (Perú Libre), Jorge Montoya Manrique (Renovación Popular) y Esdras Medina Minaya (Renovación Popular), son los autores de estas propuestas.
Según especialistas, la aprobación de estas normativas atropella la Reforma Universitaria, creada en el 2014, el cual garantiza la idoneidad de la educación superior en el país. 39 parlamentarios se opusieron y dos se abstuvieron de emitir su voto pese a que es un tema de vital importancia. La votación ocurrió luego de que se desestimara una Cuestión Previa para devolver las iniciativas a la Comisión de Educación del parlamento.
“Recién se están forjando los resultados de la Reforma Universitaria y ya la quieren cambiar, solamente con fines privados”, señala el excongresista e impulsor de la Ley Universitaria, Daniel Mora.
El exministro de Educación, Ricardo Cuenca manifiesta que la aprobación de estas normas tendrá un impacto sumamente perjudicial en el sistema educativo del país. “Las consecuencias serían muy negativas en varios sentidos. El primero y más directo es que el Estado no va a poder garantizar a las familias que las universidades que existan cumplan con condiciones básicas de calidad, porque al modificar las reglas de juego, quienes son los reguladores a la vez son los regulados. Y eso le resta autonomía a una institución que garantiza que aquello que se está ofreciendo por educación universitaria tiene condiciones de calidad”, dijo.
Cuenca indica que con estas leyes los nuevos integrantes de la Sunedu permitirían a las universidades no licenciadas reabrir sus puertas para recibir a sus estudiantes.
“La pregunta que nos deberíamos hacer es: ¿si tanto están tratando de dar oportunidad para que las universidades no licenciadas se presenten a un nuevo proceso de licenciamiento, por qué no lo hicieron antes? Es porque ahora están cambiando las reglas de juego para hacer mucho más fácil el licenciamiento y se ofrezca una educación en la que el Estado no va a garantizar la calidad”, enfatizó.
Según datos de la Sunedu, el 78% de los estudiantes de universidades con licencia denegada cuenta con una ruta de continuidad de estudios. Es decir, 86,659 jóvenes fueron matriculados en su universidad de origen para concluir sus estudios, 55,562 se trasladaron a casas de estudio licenciadas, y otros 1,932 cuentan con documentos para realizar su traspaso.
“Alrededor del 20% no tiene ninguna ruta de estudios. Faltaría este 20% para ver cómo los atienden para que no se vean perjudicados”, dice Cuenca.
Este golpe contra la Reforma Universitaria es tan grande, que la Unesco en el Perú tuvo que pronunciarse. La entidad expresa asegura que los procesos de aseguramiento de la calidad de la educación superior cuando son independientes permiten garantizar la calidad y equidad. “El licenciamiento como mecanismo para asegurar mínimos de calidad es una garantía de protección del derecho a la educación superior de los estudiantes, de sus familias y de los intereses estratégicos del país”, asevera.
“La etapa de desregulación de la educación desarrollada a fines del siglo pasado ha sido superada en toda América Latina y el licenciamiento es considerado una manera eficiente de que el Estado cumpla con su responsabilidad de supervisar la calidad de la educación, tal como establece la Constitución Política del Perú. No se conoce un país de ingresos medio o alto que no cuente con procedimientos de aseguramiento de la calidad”, puntualiza.
Para el exministro de Educación, Martín Benavides, la aprobación de estos tres proyectos de frenará el proceso de cambio en la universidad privada en el país, el cual ya tuvo varios resultados positivos.
“La Reforma Universitaria aseguró que las universidades tengan condiciones adecuadas y las que no, salgan del sistema. Además, muchas universidades que antes no investigaban, no tenían procesos meritocráticos, ni políticas con empleabilidad de estudiantes, ahora sí las tienen y, esto, gracias al proceso de la reforma”, señala.
“Introduce informalidad en el proceso de licenciamiento, que en su primera ronda ya se acabó. Si las instituciones no cumplieron con reglas de juego, hay que sancionar. Es igual a la figura de los transportistas: “Tú atropellas a una persona, a otra, pero te doy amnistía y puedes seguir operando”. Es la misma idea aquí”, dijo escéptico.
Mirtha Vásquez, mientras se mantenía como premier había dicho que apelarían esta decisión, pero ahora con el cambio de gabinete eso no es hecho y podría quedar al aire. Habrá que ver cuál es la decisión del nuevo Gabinete liderado por Héctor Valer Pinto.
