Filipinas prohibirá y sancionará con multas y penas de cárcel a quienes faciliten el matrimonio infantil

La ley que prohíbe y sanciona el matrimonio infantil fue firmada por el presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte.

El documento señala que el estado de Filipinas reconoce el papel de los jóvenes en la consolidación de su nación, por lo que promoverá y protegerá su bienestar.

Filipinas prohibirá el matrimonio infantil en su territorio e impondrá drásticas sanciones para quienes no cumplan estas disposiciones, informó la agencia estatal filipina PNA. El presidente de este país asiático, Rodrigo Duterte, firmó la ley de prohibición de la práctica del matrimonio infantil e imposición de sanciones, la cual fue fechada el 10 de diciembre, pero que este jueves fue revelada por los medios.

En el documento se señala que el Estado “reconoce el papel vital de los jóvenes en la consolidación nacional”, al tiempo que “promueve y protege su bienestar físico, moral, espiritual, intelectual y social”.

En este contexto, las autoridades filipinas se comprometen a eliminar “las prácticas y estructuras tradicionales y culturales que perpetúan la discriminación, el abuso y la explotación de los niños”, incluido el matrimonio infantil. “El Estado considera el matrimonio infantil una práctica que constituye abuso infantil, porque devalúa, degrada y menosprecia a los niños”, puntualiza el documento.

En el documento se define al matrimonio infantil como cualquier matrimonio en el que una o ambas partes son niños (menores de 18 años o mayores de 18 en el caso de personas incapaces de hacerse cargo enteramente de sí mismas debido a determinadas condiciones físicas o mentales) y que se celebre mediante procedimientos civiles o religiosos o en el marco cualquier otra tradición.

Se precisa que la multa para quienes faciliten el matrimonio infantil será de al menos 40.000 pesos filipinos, lo que equivale a 780 dólares. Además, se impondrá una pena de prisión de hasta 10 años. Las sanciones también serán para los parientes o tutores de los niños afectados con multas de por lo menos 50.000 pesos filipinos (976 dólares), penas de hasta 12 años de prisión y pérdida de la patria potestad.

La misma pena se aplica a la pareja adulta que conviva con un niño fuera del matrimonio.