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Ricardo Sánchez Serra
El penal de Ica iba a ser uno de los mejores centros penitenciarios del país, por sus modernas instalaciones y la tecnología más avanzada en materia de seguridad.
En mayo 2018 el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjus) adjudicó el citado proyecto, por 383 millones de soles, al Consorcio Ejecutor Ica (CEI) conformado por la famosa empresa italiana Pizzarotti & C. S. p. A. CMO Group y la Constructora MPM S. A.
¿Qué sucedió?
Como siempre acontece en estos casos, la empresa perdedora (Aldesa), objeta al ganador, se enmarañan en temas judiciales que conlleva a que el Minjus anule el contrato en el año 2020, luego que el CEI realizó todo el trabajo de la obra civil y toda la coordinación para la adquisición de la moderna tecnología.
Recursos de amparo van y vienen, se entrecruzan juzgados y la obra que debió estar terminada el año pasado es un cementerio en medio del desierto, perjudicándose a los peruanos.
En lugar que la obra continúe y se termine, al Ministerio de Justicia solo le interesa anular todo y ejecutar las cartas fianzas, debido a que dos de las empresas del consorcio (CMO y MPM) presentaron documentación inexacta, mientras el Poder Judicial ordenó el statu quo del contrato.
¿Qué otras obstrucciones hubo para trabajar tranquilamente?
El adelanto de materiales esencial para adquirir toda los materiales y tecnología fue pagado solo después de 300 días de la firma del contrato, pese a que el CEI emitió su garantía de adelanto a la firma del contrato.
Durante la ejecución de la obra el MINJUS no contestó de forma célere las diversas preguntas que el CEI realizó sobre incongruencias del expediente técnico que impidieron la ejecución de la obra. Cabe resaltar que el expediente técnico fue a cargo del Minjus.
Esta falta de respuesta provocó la imposibilidad en la ejecución de obra y de requerimiento de ampliaciones de plazo por parte del CEI.
El importe que no se pudo ejecutar y valorizar por falta de respuesta a preguntas del CEI asciende a un aproximado de 47 millones.
Asimismo, no se pudo ejecutar y valorizar el equipamiento (puerta mecánica motorizadas, sistema de comunicaciones, centrales de control y equipamiento varios) por falta de energía eléctrica continua, debido a que la línea de transmisión (que era del alcance del Minjus), en enero 2020, aún no resultaba construida.
El importe que no se pudo ejecutar y valorizar por falta de energía asciende a un aproximado de 99 millones.
¿Qué es lo que se espera?
Considerando que existe una afectación directa al no tener una obra que a la fecha pudo ser terminada por el CEI, la acción más prudente es que las partes lleguen a una conciliación para definir cuál es el importe real de adelanto que el CEI debe devolver al Minjus. (De La Razón)
