En su primer discurso como presidente, Pedro Castillo señaló lo siguiente: “Reforzaremos la institucionalidad de las Fuerzas Armadas teniendo presente la meritocracia, antes que el amiguismo para los ascensos”. Poco más de tres meses después, el Estado está en plena crisis política tras la renuncia de Walter Ayala como ministro de Defensa debido a las denuncias de los excomandantes de las Fuerzas Armadas por unas presuntas presiones para los procesos de ascensos.
Cabe mencionar que los procesos de ascensos se dan cada año y el número de vacantes está vinculado a las necesidades de las instituciones castrenses. “Desde antaño, los gobiernos hacen las llamadas ‘podas’ o ‘purgas’ en las FF. AA. para poner al frente a personal más cercano al proyecto político. Siempre hay esa propensión, sobre todo cuando no tienen partido ni cuadros”, apuntó Andrés Gómez de la Torre, exdirector de la Escuela Nacional de Inteligencia y analista en temas de Defensa.
En las últimas décadas, en el país se han observado casos controvertidos con respecto a los ascensos en las Fuerzas Armadas. En el gobierno de Alberto Fujimori, 15 compañeros de Vladimiro Montesinos fueron generales de división del Ejército. Seguido de ello, en el mandato de Alejandro Toledo, se dio una serie de ascensos desde el Ejecutivo, generaron la renuncia del entonces comandante general de la Fuerza Aérea del Perú (FAP), Aurelio Denegri.
El caso más controversial fue el del piloto del avión presidencial Luis Alfredo Muñoz Vignes quien fue ascendido al grado de mayor general de la institución. Denegri dejó el cargo ante lo que consideró un proceso irregular. “Al piloto del presidente no le correspondía ascender”, dijo entones.
En esa línea, José Graham, en ese entonces comandante general del Ejército, también renunció a su cargo y junto a Denegri acudieron a la Comisión de Defensa del Congreso y mencionaron que el Gobierno impuso los ascensos sin respetar las normas que regulan las promociones castrenses. Ambos reiteraron que cuatro oficiales fueron incluidos en la lista de ascensos a pesar de que no estaban en el cuadro de méritos.
Por su parte, en el gobierno de Alan García, la pareja de la segunda vicepresidenta Lourdes Mendoza del Solar, Carlos Zárate Cáceres, fue ascendido al grado de contraalmirante de la Marina de Guerra. Según lo encontrado, se observó que Zárate pasó del puesto 14 al puesto 2 en el orden de méritos. Dos años después de lo ocurrido, García pidió a la Marina el ascenso del vicealmirante Mario Caballero Ferioli, cuando no le correspondía. La Junta de Vicealmirantes, sin embargo, rechazó la solicitud.
En la gestión de Ollanta Humala, se promulgó el decreto supremo 009-2013, el cual permitió el ascenso de los generales de brigada a división sin que hayan sido de generales de brigada por cinco años. En este cambio a la normativa, se favoreció a los miembros de la promoción Héroes de Pucará y Marcavalle, a la que pertenecía el presidente nacionalista.
En esa línea, en el año 2016, Manuel Rodríguez Luna Victoria, Próspero Díaz Arrué, Augusto Villarroel Rossi y Manuel Gómez de la Torre, todos compañeros de promoción de Humala, fueron promovidos al grado general de división del Ejército, grado máximo de dicha institución.
Por su parte, en el mandato de Pedro Pablo Kuczynski, el ministerio de Defensa convocó a un grupo de trabajo liderado por el fallecido constitucionalista Enrique Bernales para que evalúe los procesos de ascensos y pases a retiro de los oficiales castrenses en el periodo 2012-2016.
El informe de la comisión concluyó que durante el mandato humalista se evidenció “una inaceptable intervención política del expresidente Ollanta Humala, puesto que durante su periodo de gobierno transgredió el sistema jerárquico normativo para favorecer el ascenso de oficiales del Ejército de las promociones 85 y 86, en perjuicio de oficiales que con posterioridad a los procesos respectivos fueron abusivamente pasados al retiro”.
Finalmente, en el actual Gobierno, se ha denunciado presuntas presiones para el proceso de ascenso, generando la renuncia del ministro de Defensa. Para Andrés Gómez de la Torre, la crisis que atraviesa el actual gobierno con respecto a lo sucedido con las Fuerzas Armadas, se diferencia de las anteriores debido a la cantidad de actores involucrados.
Por Ley 28359, el Presidente nombra y cesa al Jefe del Comando Conjunto de las FFAA y a los Comandantes Generales, sin expresión de causa. Quienes afirman lo contrario crean confusión para justificar su pretendida vacancia presidencial, una vez más, afectando la gobernabilidad.
Al respecto, el abogado constitucionalista Aníbal Quiroga precisó que, si bien el jefe de Estado tiene la potestad de cambiar a los altos mandos, el Tribunal Constitucional (TC) ha estipulado que las decisiones, por discrecionales que sean, deben ser motivadas.
“Cuando el presidente asume la presidencia, es razonable que nombre a los comandantes generales que le generen confianza. Pero cambiarlos a los tres meses sin una causa que lo justifique, es una cosa irrazonable. Además, con la sospecha de que es una represalia por no haber cedido en los ascensos irregulares, es aún peor”, añadió.
F.P.M.
