Gregory McMichael, un oficial retirado de 65 años, su hijo Travis, de 35, y su vecino William Bryan, de 52, han sido acusados de asesinato y agresión agravada después de perseguir a Ahmaud Arbery, de 25 años, y dispararle el 23 de febrero del 2020. Los McMichael siguieron a Arbery en una camioneta, mientras que Bryan lo hizo en su propio vehículo y filmó la escena.
Arbery intentó huir, pero Travis McMichael abrió fuego y lo mató de tres disparos. Los tres hombres afirman que, confundieron al corredor con un ladrón activo en el área, esto los obligó a recurrir a una ley de Georgia que permite a los ciudadanos comunes realizar arrestos.
El video se viralizó el 7 de mayo de ese año, fue hasta entonces que el caso se transfirió a la policía estatal y los tres sospechosos fueron detenidos y acusados. La muerte de George Floyd, dos semanas después bajo las rodillas de un oficial de policía blanco en Minneapolis reavivó un debate nacional sobre la justicia racial y la violencia policial contra los afroamericanos, y Arbery se convirtió en uno de los símbolos de las protestas nacionales “Black Lives Matter”.
“Un hombre negro debería poder trotar sin temer por su vida“, tuiteó el presidente Joe Biden en el aniversario de la muerte de Arbery.
Se espera que la selección del jurado dure varios días, dado el intenso escrutinio mediático del caso. Los acusados argumentarán probablemente que actuaron en defensa propia y que Arbery se resistía al arresto legal. Los fiscales insistirán en que la víctima estaba desarmada y que nada la vinculaba a una serie de robos ocurridos en el barrio donde hacía jogging.
Ben Crump, un abogado de derechos civiles que ha representado a varias familias afroamericanas en casos de violencia policial de alto perfil, dijo que espera que el tribunal “haga justicia a Ahmaud y su familia” porque “si estos asesinos se escapan sin consecuencias, se estará enviando un mensaje de que el linchamiento de hombres negros en 2021 no conlleva ninguna sanción”.
Desde la muerte de Arbery, Georgia ha aprobado una ley que impone penas adicionales por delitos motivados por el odio racial, el género, la orientación sexual y otras características de la víctima.
La madre de Arbery, ha presentado una demanda civil separada exigiendo por un millón de dólares contra McMichaels y Bryan, pero también contra las autoridades locales, acusadas de intentar encubrir el caso. Jackie Johnson, es uno de los fiscales locales fue acusado el mes pasado por violar su juramento en el cargo y supuestamente obstaculizar la investigación de la muerte de Arbery.
L.R.N.
