La Defensoría del Pueblo se pronunció mediante un comunicado pidiendo que el Gobierno de Pedro Castillo intervenga ante el vacío legal que supone emanar para interponerse ante los cuerpos humanos de personas que por sus antecedentes generan un peligro a la seguridad nacional.
En ese caso, en la declaración se aprecia que el Ejecutivo debe tener claro que ni Código Procesal Pena l, ni la Ley General de Salud decreta cómo actuar ante estas situaciones. “Ambas normas resultan insuficientes para dar respuesta a casos donde debe garantizarse no solo el derecho de los familiares a dar sepultura, sino también la seguridad de la ciudadanía en su conjunto, en especial de quienes fueron víctimas de un delito”, comentó.
Esta situación se ha dado luego de que aún no se sabe qué hacer con el cuerpo de Abimael Guzmán, cabecilla terrorista de Sendero Luminoso, que falleció el pasado 11 de setiembre. Cabe mencionar que el terrorista estaba condenado a cadena perpetua.
“En relación con las personas que han cometido delitos gravísimos como el terrorismo, la necesidad de evitar toda forma de apología se sustenta en el deber constitucional de combatirlo, lo cual ha sido puesto de manifiesto tanto por el Tribunal Constitucional como por la Defensoría del Pueblo, en reiteradas ocasiones”, se aprecia en el comunicado.
F.P.M.
