A una semana de realizarse las elecciones generales 2021 donde se elegirá al presidente de la República, Congreso y Parlamento Andino, empiezan a entrar en vigencia las restricciones indicadas en el artículo 191 de la Ley Orgánica de Elecciones. Entre las medidas que quedan prohibidas está la difusión o publicación de encuestas respecto a intención de voto.
El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) hizo mención que el incumplimiento de dicha disposición será sancionado con una multa que va desde las 10 a 100 UIT (Unidad Impositiva Tributaria) y que está podría ascender hasta los s/440 mil.
Sumado a ello, a partir de la medianoche del viernes quedará prohibida toda reunión política o manifestación. De ser vulnerada esta disposición se castigaría con cárcel no menor de tres meses ni mayor de dos años. Asimismo, toda propagando política también será suspendida desde la medianoche del sábado. Esto incluye que los candidatos presidenciales no puedan aparecer en medios televisivos o cualquiera de comunicación. La sanción de esta normal podrá ser multada con hasta 100 UIT o una pena privativa no menos de dos años.
Es importante mencionar que la denominada restricción de la “ley seca” entrará en vigor desde las 08:0 am de este sábado 10 de abril y culminará a la misma hora del lunes 12 de abril. En este lapso de tiempo no se podrá comercializar bebidas alcohólicas. Faltar a esta norma se sanciona con cárcel no mayor de seis meses, una pena accesoria de inhabilitación por igual tiempo a la condena y además el pago de una multa no menor de s/2790.
Restricción a la información
Un informe presentado por la Comisión de Reforma Política, presidida por Fernando Cuesta, presentó hace dos años la modificación de la Ley Orgánica de Elecciones (LOE) la cual planteaba cambiar el plazo de la prohibición de publicar encuestas en la última semana de elecciones. Estableciendo que se puedan publicar hasta 24 horas antes del día de sufragio.
Este pedido fue respaldado por la gerente general de Datum, Urpi Torrado, pues planteó la misma iniciativa en marzo de 2019, debido a que la restricción de encuestas durante la semana previa a las elecciones limitaría el derecho a la información. “Esta restricción no quiere decir que no se puedan hacer encuestas privadas a las que solo un sector tenga acceso, pero la mayoría del país no. Eso viola el derecho a la información que es un derecho constitucional” agregó.
Además, indicó que no contar con encuestas oficiales publicadas en medios de comunicación da pie a generar fake news en redes sociales. Respaldo su posición debido a que en 2018 se publicaron 48 encuestas falsas provenientes de Datum. Torrado indicó que los debates también generan un impacto en la decisión del elector por ello se hacen en la etapa de final de las campañas electorales.
Por su parte, la a Asociación Peruana de Empresas de Inteligencia de Mercados presentó una recomendación al JNE para que evalúe la modificación de esta restricción en los próximos procesos electorales.
V.N.S.H.
