19 de febrero, 2021
El contralor general de la República, Nelson Shack, cuestionó la actitud de la Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH) de negarse a rendir cuenta las vacunas restantes de las 3,200 dosis de Sinopharm.
En diálogo con Canal N, Shack manifestó que la universidad llevo a cabo un “pseudo ensayo clínico” con el fin de encubrir un “tráfico de vacunas” contra la COVID-19.
“No puede ser que no haya explicación respecto a donde están las vacunas, estas tienen que aparecer. Es realmente decepcionante de ver todo lo que ha pasado con este tráfico de vacunas en el marco de un “pseudo ensayo clínico” que evidentemente pareciera que, sin perjuicio de todas las investigaciones que se tienen que hacer, claramente estas 3,200 vacunas no eran parte, en realidad, del ensayo clínico”, dijo.
El contralor aclaró que en las investigaciones que le competen, no puede intervenir en la Universidad Peruana Cayetano Heredia por tratarse de una entidad privada.
“La evidencia que estamos recolectando es todavía primaria, se han acreditado comisiones en el INS, en Digemid, en la propia Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Lamentablemente la UPCH está fuera de nuestro ámbito. El vacunarse en una circunstancias como esta no es solo un acto irregular, sino que hay ilegalidades de por medio que se van agravando a medida que se vaya viendo cuál ha sido la participación de estos funcionarios en la compra de vacunas”, aclaró.
Shack también expresó su decepción con los funcionarios e investigadores encargados de la adquisición y estudio respectivamente, por aprovecharse de sus cargos para beneficio personal y familiar.
“Hemos identificado que hay 462 peruanos, alrededor de 9 extranjeros, pero lo curioso es que no solo hay funcionarios públicos, sino que más 69 personas que conforman 26 grupos familiares y de ellos 19 tienen que ver con funcionarios públicos. No estamos hablando solamente de una responsabilidad del rompimiento del código de ética, de la vulneración de la ley servir o la ley marco del empleo público sino que además hay un grupo de funcionarios que aprovechando, abusando del poder de su cargo ha logrado que se vacune a toda su familia”, indicó.
Asimismo, el contralor concluyó afirmando que la vacunación, al ser irregular y en medio de un pandemia, ya no serían solamente “faltas” sino delitos de “índole penal”.
“Hay un grupo de funcionarios en donde claramente las responsabilidades ya no son administrativas, sino de índole penal y han participado directamente en los procesos de negociación y en los procesos de suscripción de los contratos que se han efectuado con Sinopharm”, concluyó.
C.Q.R.
