El Congreso otorgó potestad sancionadora a la Contraloría General de la República (CGR), donde los miembros del Parlamento aprobaron el lunes último una ley que fortalece sus privilegios en cuanto a la presentación de la declaración jurada de intereses (DJI) ya que dicho texto sería inconstitucional.
Asimismo, esta norma tiene que ver con un proyecto de ley del congresista Guillermo Aliaga (Somos Perú), quien planteaba otorgar potestad sancionadora a la CGR, ante eventuales irregularidades en la presentación de las DJI.
El 19 de agosto, la Comisión de Fiscalización, que preside Edgard Alarcón, aprobó un dictamen de este proyecto. Pero el lunes 24, a la 2:58 p.m., Alarcón ingresó por mesa de partes un texto sustitutorio con trampas que fijaba una lista sobre los funcionarios obligados a presentar las DJI, pero Alarcón hizo una modificación excluyendo al personal del Congreso.
Por otro lado, fuentes del Ministerio de Justicia advierten que este trato privilegiado afectaría la transparencia ya que se trata de una política de Estado que debe funcionar en forma transversal, incluso el texto aprobado por el Congreso incluye una novena disposición complementaria que enfatiza que la DJI “de los congresistas de la República y del personal del Congreso se sujeta exclusivamente a la normativa prevista en el reglamento”.
Además, un segundo aspecto de gravedad de esta norma tiene que ver con las faltas ya que esta ley fue aprobada para otorgar facultad de sanción a la Contraloría General de la República (CGR), frente a irregularidades detectadas en las DJI. Sin embargo, en ningún extremo de la norma se desarrolla esa potestad sancionadora.
Finalmente, esto fue advertido el mismo lunes por el contralor Nelson Shack, quien envió un oficio al Congreso, pero su opinión no fue tomada en cuenta. Por otra parte, el proyecto de ley original de Guillermo Aliaga también tenía un artículo con una lista precisando las faltas, pero este fue removido del texto final que aprobó el Congreso.
O.S.M.P.
