Vivimos uno de los momentos más difíciles de nuestra historia republicana, uno que definirá nuestro futuro. La pandemia del Covid-19 constituye una crisis global que está poniendo a prueba a cada uno de los estados y sociedades del mundo. El gobierno peruano ha respondido a la emergencia sanitaria con un conjunto amplio y complejo de medidas que le ha venido dando una alta legitimidad. No tenemos sino gratitud con los cientos de miles que sostienen, en condiciones muy difíciles, servicios esenciales que salvan vidas y dan sostén a quienes quedan en sus hogares.
La estabilidad macroeconómica, el crecimiento económico sin pausa y la inédita sucesión ininterrumpida de gobiernos democráticamente electos, son fortalezas que le han dado a nuestras autoridades mayor margen de acción. Sin embargo, el avance de la enfermedad ha mostrado, con la crudeza irrebatible de los hechos, las precarias bases del país. El desborde de los servicios de salud es el ejemplo más notario y dramático, pero no el único. La eficacia de las acciones adoptadas está limitada por las débiles capacidades estatales sectoriales y territoriales, una economía altamente informal, así como por una sociedad con condiciones muy desiguales –en múltiples dimensiones– para enfrentar la dureza del confinamiento y sin la suficiente cohesión y confianza mutua. Millones viven la angustia de no saber si podrán tener mañana lo necesario para vivir.
No podemos regresar, tras el fin de la pandemia, al estado de cosas anterior, arriesgando la continuidad de la democracia: es imperativo construir un Estado eficaz y garante de derechos, con presencia territorial efectiva y con los recursos suficientes para proveer bienes y servicios públicos de buena calidad y alcance universal. Para que dicho Estado esté libre del abuso de los poderosos, de la arbitrariedad y de la corrupción, debe estar sometido a contrapesos efectivos, rendición de cuentas y transparencia, con la participación y vigilancia de una ciudadanía activa y responsable. El sistema político debe representar nuestra diversidad, tejiendo entendimientos que prioricen el interés común. Esto sin descuidar los lazos de cooperación regional y global que nos permitan encarar los desafíos del mundo interconectado en el que habitamos.
En síntesis, requerimos rediseñar nuestras instituciones políticas, económicas, sociales, culturales y ambientales, partiendo de lo existente y de las lecciones aprendidas, con miras a generar un terreno fértil para la confianza mutua, la vida en común, la prosperidad, así como para una mayor igualdad y libertad. Este es el reto del bicentenario.
Dentro del espíritu fundacional del Acuerdo Nacional y en diálogo con la ciudadanía, invitamos a los tres niveles de gobierno, a los partidos políticos y a las organizaciones sociales, a la empresa privada, a la academia y a las iglesias, a concertar metas y medidas para rediseñar el desarrollo del país. Las acciones acordadas deben contar con plazos, compromisos de financiamiento y orientaciones claras para el diseño de las políticas, así como responsabilidades bien definidas. La Asociación Civil Transparencia ofrece su colaboración en este esfuerzo e invita a todos los peruanos y peruanas de buena voluntad a unirse a él. Las generaciones futuras nos pedirán cuenta de lo que hagamos o dejemos de hacer.
