Esta tarde, el Jurado Electoral Especial de Lima Centro, excluyó al candidato al Congreso, Daniel Urresti, de las elecciones congresales del 2020, ya que no añadió, en su hoja de vida, la condena por difamación agravada que se le imputó en el 2017 y que fue ratificada en el 2018.
Como se recuerda, en el 2014, cuando Urresti ocupaba el cargo de Ministro del Interior, llamó “inepto” -entre otros adjetivos- al entonces jefe de la Región Policial Sur Oriente, Rodrigo Prada Vargas, para discutir su labor en la provincia de Cusco.
Por ello, Urresti fue sentenciado en segunda instancia por el delito de difamación agravada; sin embargo, en su declaración jurada, señaló no tener ninguna condena, escondiendo de esta manera la pena privativa de libertad suspendida por un año que le dictó el Juzgado Penal de Lima, la cual fue ratificada, en segunda instancia, por la Cuarta Sala Penal para Procesos con Reos Libres.
Respecto al tema, José Tello señaló lo siguiente: “Si él ocultó información, se puede detectar a través de la fiscalización posterior y se podría poner en conocimiento al Ministerio Púbico por la omisión de información, pero a él no lo podrían excluir porque ya terminó el proceso de exclusión”.
Asimismo, el especialista en Derecho Electoral agregó que el Jurado Electoral Especial de Lima Centro debió hacer una fiscalización rigurosa en este caso, así como se hizo con muchos candidatos.
Cabe señalar que el JEE, indicó, con anterioridad, que no hubo alguna observación sobre esta omisión. Sin embargo, señaló la existencia de un recurso de tacha que fue presentado el pasado 4 de diciembre por no poner en conocimiento el proceso judicial que afronta por el Caso Hugo Bustíos.
“Lamentablemente por la cantidad de candidatos no se puede lograr una fiscalización efectiva de cada uno y de cada partido. Por ello, es muy importante la participación ciudadana, ya que manteniéndose informados pueden decidir no votar por personas que ya han tenido sentencias previas”, dijo para FPP, la politóloga Jamileth Zevallos, en relación a la débil fiscalización que se tiene sobre los partidos políticos y la poca información que maneja la ciudadanía al momento de ejercer su voto.
