Según la Federación Internacional de Periodistas, 95 periodistas y profesionales de los medios fueron asesinados en 2018. Esa cifra supera aproximadamente en un 15 o 20 por ciento las publicadas a final de año por diversas ONG. Y resulta que éstas son las que reciben habitualmente el mayor impacto mediático.
Quizá hay que tener en cuanto aquella máxima periodística de “preocúpate por contarlo bien, no siempre hay que ser el primero”.
Las noticias funcionan también con ceremonias y rutinas. Y la estadística fatal de la FIP se elabora mediante un trabajo concienzudo que implica a las diversas organizaciones y sindicatos afiliados a la principal organización mundial de los periodistas (IFJ, según sus siglas en inglés). Defiendo que esta última lista, la de la FIP, es la más completa; aunque sea menos mediática.
En cualquier caso, esto no tiene demasiada importancia práctica porque el asesinato de cualquier periodista –cuando sucede porque simplemente ejerce su oficio- es un drama social mayor. El derecho a la información está en juego siempre. Y tras ese derecho, otros derechos humanos fundamentales. El derecho a la vida es el primero, desde luego.
Según la FIP, ha habido trece víctimas más (periodistas y profesionales de los medios) que en 2017. Yemen, India, México, Afganistán y Siria, y el Sudeste de Asia, han sido los lugares más peligrosos –letales- para ejercer la profesión.
El comunicado de la FIP señala que “… este incremento de crímenes contra periodistas se produce dentro de un contexto de creciente polarización de las opiniones en todo el mundo, por el ascenso de peligrosas fuerzas nacionalistas y populistas en numerosos países y por la estigmatización de los/las periodistas y los medios de comunicación por parte de autoridades y enemigos/as de la libertad de prensa.
El informe también señala la impunidad casi total de estos crímenes en todo el mundo: “El 90 % de los asesinatos de periodistas quedan sin resolver ya que, a menudo, las autoridades fracasan a la hora de investigarlos de forma creíble.”
La FIP, que es considerada una organización consultiva de Naciones Unidas, ha elaborado un proyecto de Convención Internacional sobre la Seguridad y la Independencia de los Periodistas y los Profesionales de los Medios. Su texto se ha presentado y debatido ya en diversos foros internacionales. La Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) y la Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP) asumieron esa iniciativa y le pidieron conjuntamente al Ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, que se sumara a los estados que ya apoyan esa Convención. Aún no ha habido respuesta.
En el primer encuentro que hubo sobre este asunto en la ONU (otoño 2018), quince países lo sostuvieron. “La Convención propuesta por la FIP aborda las principales deficiencias del sistema legal internacional y ofrece un instrumento específico para resolver los crímenes contra periodistas y asegurar una aplicación más eficiente del derecho internacional. En última instancia, servirá para asegurar un entorno de trabajo seguro para todos los/as profesionales de los medios y una mayor protección a la libertad de prensa”.
Difundir los nombres, las circunstancias de su asesinato, la situación en la que quedaron sus familias, las censuras de todo tipo que generaron esos ataques, contribuye a reforzar a quienes defienden la Convención. También sirve para recordar que la memoria que contiene esa lista trágica es un instrumento de lucha contra el olvido y la impunidad.
