El asesinato múltiple, atribuido a una organización criminal vinculada a la minería ilegal, es considerado por muchos como un punto de quiebre. Para los convocantes, el caso evidencia el abandono del Estado frente al crimen organizado, que también golpea a transportistas, comerciantes y emprendedores a través de extorsiones, amenazas y sicariato.
En respuesta, la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP) y otras organizaciones exigen la renuncia de la presidenta Dina Boluarte, la derogación de normas que según denuncias debilitan la lucha contra el sicariato, y el respeto al referéndum ciudadano que prohíbe la reelección de congresistas.
“El 14 de mayo volveremos a las calles para exigir respeto a los derechos de quienes sostenemos la economía nacional”, declaró Gustavo Minaya, dirigente de la CGTP, quien también cuestionó las recientes declaraciones presidenciales por el Día del Trabajo y denunció despidos injustificados en el sector público.
Frente a la conmoción por los crímenes en Pataz, el Ejecutivo decretó un toque de queda entre las 6:00 p.m. y las 6:00 a.m., además de suspender por 30 días las actividades mineras en la zona. Sin embargo, el Ministerio de Energía y Minas precisó que esta medida no afectará a las empresas formalizadas.
La convocatoria tiene alcance nacional, con especial incidencia en Lima, Callao, La Libertad, Arequipa y Puno. Se sumarán sectores del transporte urbano e informal, construcción civil, magisterio, estudiantes universitarios y comerciantes de mercados populares. Gremios de zonas como Gamarra, Malvinas y Unanue han anunciado el cierre total de sus establecimientos.
“Ya no es solo el transporte; hoy marchamos junto a profesores, alumnos, trabajadores y comerciantes”, sostuvo Julio Campos, vicepresidente de la Alianza Nacional de Transportistas, quien recalcó que la violencia y las extorsiones están presentes en todos los niveles sociales.
En Lima, la concentración comenzará a las 8:00 a.m. en Gamarra, con dirección al Congreso de la República. Se prevé que los servicios de transporte y comercio se vean significativamente afectados durante la jornada.
Pese al respaldo amplio, algunos sectores no acatarán la medida. Desde Mesa Redonda, su gremio empresarial anunció que mantendrán actividades normales, aunque reconocen su preocupación por la criminalidad. En la misma línea, la Cámara Internacional de la Industria de Transporte, a través de su vocero Martín Ojeda, señaló que su sector continúa en diálogo con el Ejecutivo tras firmar un acta en abril.
Este paro del 14 de mayo representa más que una protesta puntual. Es un grito de alerta nacional. La muerte de 13 mineros en Pataz no debe convertirse en una cifra más, sino en el punto de quiebre que obligue al Estado a actuar. El país se detiene, pero lo hace para exigir que alguien lo escuche.
