Alrededor de trece personas perdieron la vida en medio de una intervención policial realizada hoy domingo por la madrugada en la discoteca “Thomas Restobar”, ubicada en el distrito de Los Olivos. Esto luego de que los vecinos al recinto denunciaran el hecho ante las autoridades y que, por medida de prevención por el COVID-19, dicha realización no está permitida.
El general de la Policía Nacional de Perú, Orlando Velasco, indicó a RPP Noticias que, inicialmente, se pensó que había 20 o 30 personas, sin embargo, se constató que estaban más de 100 personas en el lugar. Detalló que 20 efectivos policiales estuvieron allí al momento de hacer el operativo.
Además, relató que el evento se realizaba en el segundo piso del domicilio y, tras la intervención, los asistentes se dirigieron a la única salida del local. Indicó que se generó un tumulto que bloqueó la puerta que dificultó la salida de los presentes.
Posteriormente, tras la llegada de 50 policías más, se tuvo que arrancar la puerta para hacer salir a las personas. Después, se trasladó a los implicados a los centros de salud cercanos, pero 12 de ellos murieron en el camino y una mujer perdió la vida en el lugar. Se llegó a detener a 23 personas (incluido un menor de edad) que salieron del local y que, en horas de la mañana, tras hacérseles pruebas rápida de coronavirus se constató que 15 de los detenidos dieron positivo.
Tras lo ocurrido, los familiares de las víctimas y de los asistentes llegaron al lugar. Ellos, juntos a los presentes en la discoteca, inculparon a los policías de haber usado gases lacrimógenos y armas de fuego al momento de la intervención. Dicha versión también fue corroborada por uno de los vecinos del local en RPP: “Parece que la Policía arrojaron gases lacrimógenos y por eso se produjo la aglomeración para intentar salir del lugar”.
Franco Asensio, uno de los presentes en la discoteca, afirmó en declaraciones reproducidas por distintos medios que estaban presentes entre 50 y 60 personas que, tras lanzar bombas lacrimógenas en el local, se desesperaron por salir. El testigo comenta que logró salir ileso debido a que no estuvo dentro del grupo de personas que terminaron por aplastar a las que estaban en la puerta del local.
Sobre estas afirmaciones, el general Velasco afirmó que los oficiales cumplieron escrupulosamente los protocolos, los procesos policiales que exigen este tipo de intervenciones. Negó que se haya usado armas de fuego y bombas lacrimógenas en la intervención y lamentó que en las redes sociales se esté dando lugar a estas versiones.
Por otro lado, el ministerio del Interior, Jorge Montoya, comentó que los dueños del local, Leandro Montoya Callirgos e Irene Díaz Serrano, ya se encuentran detenidos en el Departamento de Investigación Criminal de la Policía Nacional del Perú (Depincri) de Los Olivos donde se les viene interrogando como parte de las investigaciones del caso.
El abogado especialista en asuntos penales, Carlos Caro, manifestó en RPP que los propietarios del local podrían recibir hasta 35 años de cárcel. Especificó que si se tiene en cuenta el homicidio simple, se podría imputar 20 años, pero si se trata de un asesinato, la pena sería de 35 años de cárcel.
Por su parte, la titular del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Rosario Sasieta, pidió en declaraciones a la prensa la máxima sanción para los dueños del lugar. Calificó como una irresponsabilidad lo sucedido, que especificó como un homicidio doloso por afán de lucro.
J.M.F.E.
