La fecha del 15 de Mayo de 2014, el sicario Cristhian Joel Cruzate Pereda, de ese entonces 24 años de edad, fue detenido por efectivos del grupo Génesis en el distrito trujillano de La Esperanza. Ese mismo día, en Chimbote y Nuevo Chimbote más agentes de la Policía Nacional capturaban a otros implicados en el asesinato del exconsejero regional de Áncash Ezequiel Nolasco Campos.
Algunos días después, el joven sindicado como autor material del homicidio cometido el 14 de marzo confesaba ante las autoridades que recibió S/ 5 000 por ultimar a la exautoridad. El día de la reconstrucción del crimen narraba con frialdad que descerrajó ocho disparos para acabar con la vida de Nolasco.
Pero Cristhian Cruzate Pereda, conocido como «Colombiano», no solo es procesado por el crimen del exconsejero regional. La fiscalía lo investiga también por el asesinato múltiple de tres presuntos integrantes de Los Malditos de Santa María y por el homicidio de Hilda Saldarriaga, asesinada en julio de 2013 y considerada testigo clave en el primer atentado contra Nolasco. El plazo de prisión preventiva por este último caso venció el 25 de enero de este año, motivo por el cual podría salir de Piedras Gordas en cualquier momento. Antes ya había vencido el plazo máximo de prisión preventiva por la muerte de Nolasco.
Ante esta situación, el fiscal de la Primera Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada contra la Criminalidad Organizada, Álvaro Rodas, solicitó el arresto domiciliario de Cruzate Pereda y del exgobernador regional César Álvarez Aguilar por el plazo de 18 meses.
La posible excarcelación de Cruzate Pereda recuerda la reciente liberación del delincuente Rubén Moreno Olivo «Goro», quien el 13 de junio dejó el penal de Piedras Gordas, pese a tener una sentencia de 25 años. El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) afirmó que lo puso a disposición de la División de Seguridad de Penales de la Policía Nacional para el cumplimiento de su arresto domiciliario, pero el criminal se fugó. Tanto «Goro» como «Colombiano» y César Álvarez se encuentran implicados en los asesinatos de Nolasco y de Hilda Saldarriaga.
Para el especialista en ejecución penal, el problema recae en la sobrecarga procesal y la falta de una central básica a nivel del Poder Judicial, que además esté conectada con el INPE. «No es suficiente con declarar en emergencia el sistema penitenciario tal como lo viene evaluando el Ministerio de Justicia», dijo.
