Tras la renuncia de Edmer Trujillo al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), Carlos Lozada asumió el cargo y juramentó el último 13 de febrero como titular del MTC, pese a que días antes el Ministerio Público había formalizado una investigación preparatoria en su contra por el delito de colusión simple en agravio del Estado.
El dominical Cuarto Poder reveló que la Primera Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios formalizó la investigación preparatoria contra Lozada y otras cuatro personas.
La investigación surge por un contrato que firma Lozada cuando era director ejecutivo de Provías Nacional con la Constructora San José para realizar obras de mejoramiento en la carretera Checca-Mazocruz en Puno.
La denuncia se dio por parte de una de las empresas competidoras que participó en la licitación y que sostenía que el convenio fue firmado sin que la constructora española cumpliera con los requisitos que figuraba en el contrato como el registro único del contribuyente y el código de cuenta interbancario.
Al respecto, Lozada explicó que a través de un análisis la empresa subsanó toda la información necesaria, además que una disposición de la ley permitía que en el Banco de la Nación se abra una cuenta de oficio para depositar los bonos de las obras.
“Para una empresa internacional es válido presentar esa información y luego se activa esa cláusula que está en el reglamento de la Ley de Contrataciones para que el mismo Banco de la Nación genere tanto su RUC nacional como su código de cuenta interbancario. Nosotros podemos hacer una fiscalización posterior, que lo hemos hecho y lo que ha determinado este análisis posterior es que ellos han cumplido”, mencionó Lozada en 2018.
El Ministerio Público reveló que ninguno de los funcionarios de Provías, implicados en el proceso de verificación de los documentos presentados por la empresa española, hizo observación alguna sobre la ausencia de los requisitos y de la propuesta de adenda.
Una medida cautelar por la empresa competidora hizo que las obras se paralizaran, pero volvió a retomarse el noviembre del 2019. Sin embargo, desde ese entonces no se ha ejecutado ningún avance.
Los otros investigados por la Fiscalía son Miguel Ángel Unda Hinojosa y Homer Guillermo Figueroa Alfaro, integrantes de la Unidad de Procesos de Selección de Provías. A ellos se le suma los asesores legales Ana Cristina Barrionuevo Luna y Eduardo Arbaiza Espinar. También, la representante de la constructora, María Idoya Ruibal Rey, en calidad de cómplice primario.
A.E.R.V
