Una fuga calculada minuto a minuto
Las imágenes muestran a “Cuchillo” llegando al aeropuerto sin equipaje, cabizbajo, con paso apresurado, mientras a su lado camina Pizán Chirado, vestida de manera discreta. Ambos se mantuvieron juntos por varios minutos, compartieron espacios públicos dentro del terminal aéreo, realizaron operaciones en una casa de cambio y, posteriormente, se separaron estratégicamente para despistar cualquier sospecha.
Según fuentes de la Policía Nacional, la abogada habría gestionado directamente el pasaje hacia Colombia en el counter de una aerolínea, mientras su cliente permanecía en una zona distinta del aeropuerto. Horas más tarde, Rodríguez Díaz abordó el vuelo con destino a Bogotá. Desde entonces, se mantuvo prófugo hasta su reciente captura, el pasado 15 de mayo, en el aeropuerto colombiano El Dorado, cuando se encontraba en compañía de otra mujer, presuntamente su pareja sentimental.
La masacre de Pataz marcó un hito de horror en la historia reciente del país. Trece trabajadores mineros, vinculados a operaciones formales e informales en la región, fueron asesinados en lo que las autoridades han descrito como un ataque perpetrado por una red criminal dedicada al control ilegal del oro. La violencia con la que se ejecutó el crimen —muchos de ellos a sangre fría y delante de sus compañeros— dejó una profunda herida en las comunidades de La Libertad. Rodríguez Díaz, identificado como líder de la red criminal “Los Gallegos del Sur”, habría ordenado el asesinato para recuperar el control de socavones y rutas de transporte del oro en esa zona estratégica. Desde entonces, estuvo en la mira de la Fiscalía y la Policía, pero logró mantenerse en las sombras, protegido por una red de cómplices.
El rol de la abogada: ¿defensora o operadora del crimen?
Liliana Estefany Pizán Chirado no solo figura como abogada de Rodríguez Díaz, sino como presunta facilitadora de su escape y pieza operativa de su organización. Su relación con “Cuchillo” va más allá del vínculo profesional. Según la Fiscalía, habría utilizado su posición para mover dinero, coordinar traslados y encubrir sus pasos.
Durante un allanamiento en su vivienda en Lima, se encontró una esmeralda de alto valor, la misma que, según la investigación, habría sido adquirida por Rodríguez Díaz durante su breve estancia en Colombia. Este hallazgo refuerza la hipótesis de que la abogada no solo participó en la huida, sino que también estuvo involucrada en operaciones financieras ligadas a la red criminal.
Una captura inesperada y muchas preguntas sin responder
Pese a las imágenes de seguridad, la abogada no ha sido detenida hasta el momento. La Fiscalía ha solicitado su captura y está tramitando medidas de impedimento de salida del país. En tanto, Rodríguez Díaz fue detenido gracias a una alerta roja de Interpol y se espera que en las próximas horas se inicie su proceso de extradición. Su abogado en Colombia ha declarado que no existía orden de captura en su contra y que su cliente tenía planeado regresar voluntariamente al Perú para una “reunión”, lo cual ha sido desmentido por las autoridades peruanas, que sostienen que el prófugo estaba en proceso de establecerse en el extranjero para escapar definitivamente del cerco legal. Para los familiares de los 13 mineros asesinados en Pataz, la captura de “Cuchillo” representa un primer paso hacia la justicia, pero también una dolorosa muestra de cómo la impunidad y las redes de complicidad dentro y fuera del país pueden demorar las acciones judiciales.
“Han pasado casi dos años desde que mataron a mi hijo y solo ahora lo capturan, después de que tuvo tiempo de irse, esconderse, hacer negocios en otro país… ¿Dónde estuvo el Estado todo este tiempo?”, declaró entre lágrimas Teresa Chacón, madre de una de las víctimas, durante una vigilia en Trujillo.
Un caso que pone al sistema bajo la lupa
El caso Rodríguez Díaz no solo ha remecido al sistema de justicia por la gravedad del crimen, sino por las fallas que permitieron su huida: falta de control migratorio efectivo, demoras en emitir alertas internacionales, y posibles filtraciones desde dentro del aparato judicial.
Para analistas en temas de seguridad, como el criminólogo José Luis Reyes, este caso “demuestra que la criminalidad organizada en el Perú tiene capacidad de corromper y operar incluso desde el sistema legal, utilizando figuras como abogados o empresarios para lavar su imagen y fugar cuando sienten la presión estatal”. Con “Cuchillo” detenido, el proceso de extradición se convierte en la próxima batalla legal. La Fiscalía ha anunciado que formalizará cargos por homicidio calificado, crimen organizado y lavado de activos. Pero la gran incógnita sigue siendo el nivel de involucramiento de sus cómplices y cuánto de la estructura criminal sigue operando impunemente. El país observa expectante. La justicia, si llega, deberá ser ejemplar.
