Venta de casonas en el Centro Histórico de Lima desata disputa legal

Foto: El Comercio

Desde hace más de 75 años, la Asociación de Artistas Aficionados (AAA) ocupa una casona que se encuentra en el Cercado de Lima, en la cuadra tres del jirón Ica. Esta propiedad pertenece a la Archicofradía Nuestra Señora del Rosario (ANSR), pero desde hace más de dos siglos es administrada por la Beneficencia de Lima Metropolitana (SBLM). Según un decreto supremo de 1865, el manejo y administración de los bienes de estas asociaciones se otorgan únicamente a la SBLM.

Aun así, la AAA recibió una carta notarial donde se les notificaba que la propiedad se transfería a favor de la sociedad conyugal de Richard Mubarak Rubio y Elisa Álvarez Ponce de León. Con el tiempo, también recibieron una invitación para conciliar y, por último, una demanda de desalojo como consecuencia de la venta de la propiedad de 890.40 m². Este inmueble, que es reconocido como patrimonio histórico, se vendió el 6 de noviembre de 2017 a $271 572.05.

Esta casona y cuatro propiedades más, pertenecientes a la archicofradía, fueron vendidos por Pedro Antonio Castillo Gonzales, sindicado como primer mayordomo de la ANSR. Esta archicofradía cuenta con 19 predios que se ubican en su mayoría en el Centro Histórico de la ciudad, los cuales son usados como comercios o viviendas.

Según la SBLM, la archicofradía no se podría haber inscrito en la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp), ni registrar las propiedades de los predios, ya que Castillo no es reconocido por el Arzobispado de Lima como autoridad dentro de la ANSR, pero según la Sunarp, Castillo ha sido facultado para que con su firma pueda realizar trámites y gestiones necesarias. La beneficencia a demandado a Castillo, a la sociedad conyugal Murabak Ponce de León, a la ANSR y a la Sunarp con el fin de declarar la nulidad de los contratos de compraventa de las cinco propiedades.

La beneficencia no tiene “que quejarse de algo que no les incumbe porque legalmente son solo administradores”, señaló Castillo a El Comercio. También mencionó que la ANSR es una institución privada que está constituida legalmente dentro de sus estatutos. No ofreció más detalles sobre la disputa porque “el tema está judicializado”.

D.D.P.