La semana pasada, el JEE Lima Centro 1 excluyó de las elecciones a George Forsyth (Victoria Nacional) por presuntamente omitir información en su hoja de vida y a Rafael López Aliaga (Renovación Popular) por la promesa de entrega de dádivas. Ambos rechazan la medida por vulnerar sus derechos constitucionales y, además, indican que esta instancia electoral habría actuado de forma parcializada.
Críticas
Forsyth criticó que la decisión del JEE replica “las mismas deficiencias en la motivación y en la actuación de pruebas de otro fallo declarado nulo por el JNE” y que “lo prioritario fue mi exclusión y no la administración de justicia”.
“El JEE estuvo presionado por el vencimiento del plazo para excluir candidatos (25 de febrero). Han resuelto mi caso sin seguir las pautas fijadas por el JNE para levantar el problema de motivación insuficiente y recoger pruebas idóneas para demostrar que percibí rentas de acciones”, dijo Forsyth.
Desde Áncash, López Aliaga asegura que el JEE no tiene razones para excluirlo. “No existe ninguna prueba de que hubo una sola entrega de dinero. Y sobre la promesa, queda claro que si lo que se sanciona es eso, tiene que ser idéntica la entrega. Es decir, debe haber un bien concreto y un elector o electores concretos. Nada de eso hay”, aseguró.
Ambos candidatos sostienen que la decisión del JEE vulnera sus derechos. López Aliaga, por su lado, aseguró que la medida “es una amenaza clara a mi derecho de participación política, que fue conjurada por mi decisión de no detenerme en la campaña”.
“Por supuesto que afectan mi derecho a participar en las elecciones. Entiendo que ningún derecho es absoluto, pero su limitación debe ser según lo que diga la Constitución y los tratados internacionales”, dijo Forsyth.
“Aquí lo que llama la atención es la oportunidad. Lanzar una exclusión cuando los estudios de opinión pública registraban un crecimiento de la intención de voto a mi favor y de Renovación Popular no parece una simple decisión jurisdiccional”, advirtió López Aliaga.
En una semana ajetreada, en que ambos fueron sacados de carrera, el JEE no actuó igual con Verónika Mendoza (JP), quien justificó una transferencia inmobiliaria con una discutible minuta.
Al ser consultados sobre parcializaciones para beneficiar a algún candidato, los postulantes no lo descartaron.
“Los tribunales son árbitros de la contienda, pero no deben ser los protagonistas. Si no, hay un grave riesgo de que se conviertan en parte del proceso electoral. Creo que la resolución del JEE ha perdido perspectiva y objetividad”, aseveró Forsyth.
“En nuestro caso, la decisión del JEE luce arbitraria, precipitada e irreflexiva. Quisiéramos creer que solo la imprudencia ha guiado esta decisión y no el deseo de favorecer a una u otra opción. El derecho de elegir al gobierno es del pueblo”, expresó López Aliaga.
Opina un especialista
El constitucionalista Aníbal Quiroga explicó que si el JNE rechaza la apelación, los candidatos podrán acudir ante el Poder Judicial. Empero, no emitirá una resolución antes de las elecciones del 11 de abril.
El Pleno del JNE acordó que el plazo máximo para que el Pleno resuelva las apelaciones sobre exclusiones es el 12 de marzo próximo. Aún no hay fecha de audiencia.
“El JNE vulnera derechos”
Desde las elecciones de 2016, el JNE y los JEE han mostrado el poder que tienen de alterar el mapa electoral por la exclusión. Están exagerando su posición jurídica. Ambas instituciones están hechas para cuidar el voto ciudadano y la pulcritud de las elecciones.
También para permitir la participación de aquellos que quieren participar en los comicios. La Constitución dispone un derecho en doble sentido: la posibilidad de elegir y de postular.
Estos derechos están siendo vulnerados en estos casos por la interpretación formalista y rigurosa que realiza el JNE; eso es una exageración. De esta forma se está convirtiendo en el gran elector del Perú.
Violación del Pacto de San José
Cabe precisar que los derechos vulnerados están reconocidos en instrumentos internacionales como el Pacto de San José de Costa Rica, que establece como fundamentales los derechos de los ciudadanos de elegir libremente y ser elegidos.
G.F.M.
