El lunes 6 de julio el Tribunal Constitucional publicó una sentencia de suma importancia para todos los movimientos y personas que defienden los derechos humanos en el país. El TC ha reconocido el derecho fundamental a la protesta social como un nuevo derecho en la Carta Magna, digno de protección constitucional.
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Esto se da luego de la demanda presentada por el Colegio de Abogados de Puno, quienes fueron apoyados por el Instituto de Defensa Legal, la Asociación por la Vida y la Dignidad Humana de Cusco, Derechos Humanos Sin Fronteras de Cusco y la Oficina de Derechos Humanos y Medio de Puno.
La demanda fue dirigida contra el Decreto Legislativo 1237, del que se cuestiona la disposición u otra ventaja de cualquier otra índole reiterada a lo largo de la tipificación del delito de extorsión. El tercer párrafo del decreto determina que tomar vías y locales públicos constituye delito de extorsión.
Ante la denuncia el Tribunal Constitucional declaró infundada la demanda. Sin embargo, se realizó una extensa interpretación del artículo 200 del mencionado Decreto Legislativo. Ello con la finalidad de evitar cualquier posible aplicación de dicha norma en contra del derecho de protesta.
Muchos esperan que el reconocimiento del derecho a la protesta como un derecho fundamental por parte del Tribunal Constitucional ayude a erradicar la concepción que relaciona las protestas con el caos y el daño al orden público y la estabilidad política.
T.A.C.A.
