El primer ministro británico, Boris Johnson, solicitó el cierre del Parlamento pocos días antes del Brexit, esta palabra es una abreviatura de las palabras inglesas Britain (Gran Bretaña) y exit (salida) y es el término dado para referirse a la salida de Reino Unido de la Unión Europea. Pero esta solicitud fue negada por la justicia británica.
El Tribunal Supremo de Reino Unido consideró que el cierre solicitado por Johnson perjudica la actividad legislativa y también la dictaminaron como “ilegal y sin efecto”, ya que “no hay justificación” para una medida que podría acarrear consecuencias “extremas” para la democracia.
El tribunal reunió once magistrados para analizar esta petición del primer ministro, asumió que “no es una suspensión normal” por el tiempo elegido por el Gobierno, en la medida en el que la actividad no se retomaría hasta el 12 de octubre, a 15 días de la fecha del Brexit.
La cercanía con la fecha pactada para la ejecución del “Brexit” generó una oleada de críticas contra Boris Johnson, que provocó una ola de manifestaciones y varias demandas judiciales que desembocaron en recursos ante la Corte Suprema después de que un tribunal de Edimburgo y otro de Londres dictasen sentencias contradictorias.
A.C.R.
