Ayer, entró en vigencia la Ley 2408 en reemplazo del cuestionado Decreto de Urgencia 003 y tras ser aprobada por el Pleno del Congreso.
Esta nueva ley establece prohibiciones para empresas y funcionarios con sentencia firme en el Perú o en el extranjero por actos vinculados a corrupción y lavado de activos. Además de garantizar el inmediato pago por reparación civil en beneficio del estado a las empresas involucradas en actos de corrupción.
Esta norma permitiría la suspensión de transferencias al exterior, la adquisición y retención del precio de venta en el fideicomiso de retención y reparación, así como la retención de importe a ser pagados por las entidades del Estado y la anotación preventiva.
Tras el escándalo desato por Odebrecht, muchas empresas involucradas en el sector de la construcción paralizaron sus actividades y con esto la economía. Ahora con esta ley se busca garantizar la continuidad de los proyectos de infraestructura que se encuentran paralizados. El presidente de la Asociación de Exportadores (Adex), Juan Varilias, mostró su satisfacción por anunciando que muchas empresas ya han retomado sus funciones.
“Tengo entendido que ya muchas empresas han comenzado a accionar nuevamente. Eso es bueno porque la paralización de una parte de la economía y el desarrollo de infraestructura estaba retrasando las cosas. Esperamos que pueda recuperarse el dinamismo”, manifestó Varilias.
Ya promulgada la ley ahora el Ejecutivo deberá publicar un reglamento en los próximos 30 días. Su aplicación garantizaría la reactivación de 252 proyectos afectados y más de S/ 30.000 millones de inversión que se mantienen en “stand by” según el economista y profesor de Centrum Católica, Kurt Burneo.
“De la practicidad que tenga el reglamento dependerá que se haga efectiva esta norma. (…) Los cálculos relacionados a lo que se debe inmovilizar para que vaya al fideicomiso deben ser lo más neutro posible y con la menor sujeción a la discrecionalidad porque en la medida que existan esos factores, se generarán controversias y dificultará la aplicación de la norma. La interrupción de la cadena de pagos continuaría sin resolverse”, dijo en una entrevista al diario La República.
Reactivación contra la informalidad
Para Burneo el subempleo sigue en aumento y la reanudación de los proyectos paralizados que demandan mayor fuerza de trabajo podría revertir esta situación.
“Definitivamente tiene que priorizarse por aquellos que tengan mayor componente en mano de obra. A pesar del crecimiento de 2,5% (del 2017), el trabajo formal ha caído en 2,8%. Está claro que lo que ha aumentado es el subempleo. Segundo, debe priorizarse el efecto multiplicador en términos sectoriales de estos proyectos”, manifestó el economista.
El agro se beneficiaría.
Quien también saludo la promulgación de la ley fue el ministro de Agricultura, José Arista, manifestando que permitirá la reactivación de hasta cuatro proyectos de su sector, entre estos, Chavimochic y Majes-Siguas programados para este año.
“Con esa ley se destrabarán las obras y se dará velocidad a la ejecución de proyectos, como Chavimochic y Majes-Siguas, pues tenemos cuatro proyectos relacionados al sector que se reactivarían y que nos permitirán incrementar de manera sostenida la frontera agrícola”, acotó Arista.
Según el Ministro son 36 grandes proyectos de infraestructura los que están implicados en corrupción.
C.Q.R.
